El Gobierno regional ha aprobado en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, para reforzar las políticas sociales llevadas a cabo en materia educativa, cultural, de servicios sociales y empleo público; y para dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones de la Administración regional, tanto en el ámbito presupuestario o patrimonial, como en la gestión documental, asesoramiento jurídico y el juego.
Así lo ha expuesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento.
En este contexto, Ruiz Molina ha explicado que esta iniciativa legislativa -lo que se conoce como Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2025- supone modificar de “forma puntual doce leyes regionales”, siendo oportuno “incluir todas estas modificaciones en un único texto legal”. Una vez aprobado en Consejo de Gobierno se remitirá a las Cortes autonómicas para su tramitación parlamentaria, a fin de que pueda ser aprobado y entren en vigor las modificaciones normativas recogidas en el texto.
Medidas para reforzar las políticas sociales
Durante su alocución, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desgranado el paquete de medidas administrativas y financieras que regula el texto legislativo y que afectan al ámbito competencial de diversas consejerías y organismos autónomos de la Administración regional.
Entre las medidas destinadas a reforzar las políticas sociales, destacan importantes modificaciones en el ámbito educativo. La primera, es la modificación de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, para incluir la gratuidad de la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de bachillerato residente en zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso educativo y aliviando la carga económica de las familias.
Asimismo, se modifica la Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación de la región, para garantizar que la representación en el consejo escolar corresponda a los padres y madres del alumnado, y a los propios alumnos y alumnas y no a través de representantes de estos colectivos que pueden que no cumplan esa condición.
En materia de servicios sociales, el consejero se ha referido a la Ley 7/2023, de 10 de marzo, de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia en la región, por la que se modifica el artículo 10, relativo al permiso a los letrados del Gabinete jurídico a continuar ejerciendo acciones judiciales en defensa de las personas tuteladas por la Junta, cuando alcancen la mayoría de edad, ampliando así su protección más allá del ámbito penal.
El proyecto de Ley también incluye medidas en materia de empleo público. En este ámbito, Ruiz Molina ha destacado la supresión de la aplicación de los porcentajes en la distribución de plazas vacantes del personal estatutario del SESCAM, permitiendo convocar todas las plazas disponibles en oposiciones y concursos, en vez de estar limitados a un tercio de las vacantes en los concursos de traslados y dos tercios en las oposiciones, agilizando así los procesos selectivos.
En el ámbito cultural, el consejero ha mencionado una actuación relevante, se trata de la ampliación de los beneficios fiscales del mecenazgo cultural de carácter privado al ámbito deportivo, con el propósito de fomentar la actividad física y el deporte entre toda la ciudadanía, modificando el título de la Ley de Mecenazgo Cultural que pasará a denominarse Ley de Mecenazgo Cultural y Deportivo.
Medidas para mejorar la seguridad jurídica
En la misma línea, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha explicado las actuaciones que van a permitir dotar de una mayor seguridad jurídica a las consejerías y organismos. Ha destacado, por un lado, en materia de juego, que se modifica puntualmente la Ley 5/2021, de 23 de julio, de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego de Castilla-La Mancha, por el cual, se excluye de su ámbito de aplicación aquellos juegos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), que se celebren en fechas concretas.
Por otro lado, se incluye en la misma ley la regulación del acceso a los salones de juego mediante huella dactilar o reconocimiento facial, adaptándolo a la normativa europea de recopilación y tratamiento de datos biométricos, con el objetivo de dar seguridad jurídica al sector, y que si el visitante al salón no da su consentimiento a este tratamiento biométrico, pueda acceder mostrando el DNI.
En este punto, el consejero ha desglosado también las actuaciones que se acometen en el caso del patrimonio. En cuanto al patrimonio del suelo público se mejora la regulación del canon urbanístico para lograr un reparto más equitativo de los ingresos entre los municipios afectados por las actuaciones urbanísticas supramunicipales. Además, se suprime en la LOTAU la obligación de reservar todas las administraciones, desde la Junta, a las diputaciones y ayuntamientos, un cinco por ciento del presupuesto anual de inversiones a la adquisición de suelo público.
En cuanto al patrimonio cultural, se incluye el paisaje cultural como nueva categoría dentro de la máxima figura de protección del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y la figura de Evaluación de Impacto Patrimonial, como elemento para la evaluación de los impactos y afecciones de determinados proyectos sobre los BIC, como método eficaz para la conservación y protección de esos bienes.
Y, por último, desde el punto de vista de la gestión administrativa, Ruiz Molina ha explicado que la primera actuación es permitir que las entidades del sector público local pueden ser asistidas por el Gabinete Jurídico de la Junta, para promover una unidad de doctrina jurídica entre las administraciones públicas de la región. La segunda, se modifica la Ley 4/2024, de 19 de julio de Integridad Pública, para acomodar la normativa regional a la legislación de la Seguridad Social con relación al abono de las prestaciones por desempleo de los altos cargos cesados que no puedan reincorporarse a su puesto de trabajo.
Y la tercera, con el objeto de mejorar la técnica presupuestaria se detalla el momento a incorporar al documento presupuestario los diferentes informes de impacto (de género, Agenda 2023 e infancia o adolescencia), que se incorporarán en la fase de proyecto de ley, una vez cerradas las cifras del presupuesto y fijados los objetivos y actividades, y no en la fase de anteproyecto.
En definitiva, se trata de un proyecto de ley que va a “reforzar las políticas sociales; a dotar de mayor seguridad jurídica a determinadas actuaciones que realiza la Administración regional” con el propósito de “mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos”, y que su tramitación es posible gracias a la “situación de normalidad que tenemos en comunidad autónoma”, una estabilidad política que permite desde el Gobierno regional desarrollar “una intensa actividad legislativa” en beneficio de la ciudadanía.
