El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la suspensión de los plazos procesales en toda España por el apagón sufrido este lunes, con efectos tanto para ayer como para este martes, por «razones de fuerza mayor».
Según ha informado el CGPJ, «esta suspensión no impedirá la válida realización de actos procesales urgentes e inaplazables o para la tutela de derechos fundamentales, o aquellos que puedan celebrarse con plenitud de garantías».
Además, ha aclarado que «cada órgano jurisdiccional valorará, en función de las circunstancias concretas, la conveniencia de suspender vistas y actos procesales señalados para el día de hoy». «La inasistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer se presumirá justificada», ha añadido.
El órgano de gobierno de los jueces, cuya Comisión Permanente se reunió anoche de urgencia, ya recordó entonces que el día de ayer se consideraba inhábil a efectos procesales por la mera aplicación de las leyes vigentes.
Así, explicó que, «de acuerdo con el artículo 135.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la presentación de escritos perentorios no sea posible por interrupciones no planificadas del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, el remitente podrá proceder a su presentación el primer día hábil siguiente, acompañando el justificante de dicha interrupción».
Al hilo, el CGPJ apuntó que, conforme al artículo 281.4 de la misma ley, «no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general», como es el caso.
El Consejo ha avanzado que, «sin perjuicio del seguimiento que se realizará a lo largo del día de hoy, mañana la Comisión Permanente se reunirá nuevamente para valorar la conveniencia de prorrogar estas medidas o acordar otras en función de las circunstancias».
LA ABOGACÍA RECLAMA «MEDIDAS EXCEPCIONALES»
Precisamente, el Consejo General de la Abogacía Española ha emitido este martes un comunicado donde expone que considera «imprescindible» que se adopten «medidas excepcionales» para afrontar la situación creada por el apagón.
Entre ellas, solicitaba la suspensión de los plazos procesales y que, ante la dificultad de los desplazamientos, «la inasistencia de cualquier abogado o abogada a un señalamiento judicial suponga la inmediata suspensión del acto programado, dando por supuesto que su ausencia es consecuencia de la situación crítica en la que nos encontramos».
Además, la Abogacía ha pedido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la suspensión de todos los plazos administrativos a nivel estatal, autonómico y local en su más amplia extensión.
«Entendemos que estas medidas son imprescindibles para garantizar de manera efectiva los derechos de los ciudadanos», ha señalado el Consejo General de la Abogacía a través de una nota de prensa, recogida por Europa Press.
Asimismo, ha informado de que desde el lunes está en comunicación continua con el Ministerio de Justicia para seguir de cerca la normalización de los sistemas digitales.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha comunicado este martes a la Abogacía las anomalías de servicio de Lexnet y ha trasmitido que están trabajando para reestablecer los servicios del Ministerio cuanto antes.
En la misma línea, el Consejo General de Procuradores ha emitido un comunicado donde también emplazaba a acordar la suspensión de los plazos procesales «mientras persista esta situación de fuerza mayor, ante la dificultad de los desplazamientos a las sedes judiciales y las comunicaciones electrónicas y los accesos a Lexnet».
«La falta de suministro impide las comunicaciones, el acceso a los sistemas de gestión procesal y al ejercicio efectivo del derecho de representación, por lo que no se dan las mínimas garantías para un procedimiento justo», ha sostenido.
