El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha pedido a Cospedal, que “si no hace honor al derecho y a la justicia, al menos que pague lo que debe a los ayuntamientos por compasión y humanidad”. Caballero se ha pronunciado así al referirse a la huelga de hambre que hoy ha iniciado el alcalde de la localidad ciudadrealeña de Villahermosa, una decisión «extrema» provocada por «la angustia que le están ocasionando los impagos de la Junta de Comunidades y que le impiden cumplir con sus obligaciones y funciones más básicas con sus vecinos y vecinas».
Según Caballero, “la situación de los ayuntamientos socialistas de Castilla-La Mancha es insoportable e insostenible, razón que hace comprender decisiones como la tomada por el primer edil de Villahermosa, Isidro Villamayor, pese a tener una salud delicada, pues hay que recordar que tiene diagnosticado un síndrome ansioso-depresivo, sufre graves problemas de tensión arterial y cuenta con el antecedente de dos anginas de pecho».
En base a este caso que refleja fielmente la «angustia que están padeciendo los alcaldes de la región», el secretario de Organización del PSOE castellano-manchego ha insistido en pedir un ejercicio de máxima responsabilidad a Cospedal “para que los alcaldes socialistas no tengan que verse sometidos a la situación de estrés y de presión en la que se encuentran en estos momentos”. En este sentido, Caballero se ha dirigido a Cospedal para exigirle “que pague de una vez a los ayuntamientos socialistas igual que está haciendo con los ayuntamientos del Partido Popular en un claro ejercicio de discriminación y sectarismo político, incumpliendo así con su obligación como presidenta de todos los castellano-manchegos».
El pasado 1 de febrero, en una reunión en Toledo, más de 400 de los 439 alcaldes socialistas de Castilla-La Mancha decidieron la creación de una Plataforma regional para dar a conocer a todos los ciudadanos esta situación. Denunciaban entonces los ediles del PSOE que el Gobierno regional les adeuda más de 300 millones de euros, «y que gran parte de esa cantidad está relacionada con servicios básicos directos a la ciudadanía que los ayuntamientos prestan mediante convenio con la Junta porque, en realidad, son de competencia regional».
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