UPyD reclama al gobierno de Cospedal la retirada de la mayoría de las medidas complementarias del Plan de Garantías de los Servicios Sociales, y un cambio de rumbo en la política que afecta a los empleados públicos de la Junta.
Desde la dirección regional de Unión, Progreso y Democracia se reclama al Gobierno regional que, a pocas horas de que comience a debatirse en las Cortes Regionales el Proyecto de Ley de Medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, «dé un giro radical a la política que está realizando con los empleados públicos». En este sentido, Jesús Manuel Ruiz, responsable regional del área de Función Pública de la formación política, ha desglosado las propuestas de UPyD, que pasan por la retirada de gran parte de las medidas que contempla el citado Plan, ya que de aprobarse, “agravaría aún más la situación de los empleados de la Junta, que ya han pagado un alto coste, con una pérdida notable de derechos laborales y económicos”.
Así, y entre otras medidas de las que UPyD reclama su retirada, está la del aumento de la jornada de trabajo en 2 horas y medias semanales, por ser ineficaz en cuanto a la mejora de la prestación del servicio a los ciudadanos y por perjudicar la conciliación de la vida familiar y laboral; proponiendo, como medida alternativa, la posibilidad del incremento del horario de atención al público, que generalmente es de cinco horas, en media hora más, pero manteniendo las 35 horas semanales; y que se implante una mejor organización de los recursos del personal existente, ante el aumento de la carga de trabajo, como consecuencia del cese de interinos y de la amortización de plazas que se han venido realizado durante el último año.
De igual forma, solicitan desde la dirección regional de UPyD, la eliminación de la reducción prevista del 10% del complemento específico de los sueldos del personal de la Administración Regional, ya que sostienen que desde el primer “tijeretazo” en mayo de 2010, del anterior gobierno socialista, junto al incremento del IRPF acordado por el ejecutivo de Rajoy, va a suponer, que los emolumentos de los empleados públicos se reduzcan en más del 15%; lo que contribuirá al retraimiento del consumo de uno de los sectores más significativos de la población activa de la región. Como medidas alternativas para recortar el gasto público, proponen desde la formación magenta, una reducción del excesivo número de empresas y fundaciones públicas innecesarias, la eliminación de las duplicidades administrativas, privatizar la Televisión Autonómica o la supresión de las “subvenciones clientelistas” y de las que no sean estrictamente necesarias por razones de utilidad pública o interés social.
La formación política también reclama que se deje sin efecto, otra de las medidas del Plan, como es la supresión del complemento por incapacidad temporal, medida de la que a parte de su dudosa legalidad, por dejar a los empleados públicos acogidos al Régimen General de la Seguridad Social, en una situación de evidente desigualdad con los que dependan de MUFACE o con los funcionarios de otras Administraciones Públicas; porque sobre todo, dicha medida, parte de la premisa inaceptable de “criminalizar a todos los empleados públicos” y pensar a priori que las ausencias al trabajo por motivos de enfermedad común, son sin causa justificada. Frente a ello, se propone “un plan de lucha contra el absentismo laboral”, basado en controlar exhaustivamente por las Jefaturas de Personal de las distintas unidades administrativas, la frecuencia de las ausencias al trabajo de los empleados públicos, y que cuando las mismas excedan de un día, deban ser justificadas necesariamente por los médicos de atención primaria.
Otras medidas, que UPyD plantea para reducir los gastos de personal, sin perjudicar con ello los derechos de los empleados públicos, son una disminución aún mayor que la realizada hasta ahora, de los puestos de libre designación; la reducción drástica del número de asesores, y los que existan, que en su mayor parte, sean ocupados por funcionarios de los Grupos A1 y A2, y no por personal externo, en los que priman criterios políticos o de confianza, frente a los estrictamente técnicos; y la derogación normativa de “los complementos vitalicios” del personal de libre designación que sea cesado, por considerarlo un privilegio inaceptable, frente al resto de los empleados públicos.
Por último, Ruiz, pide que se paralice con carácter urgente el cese de interinos, sobre todo en los servicios públicos básicos y que se lleve a cabo la cobertura inmediata de las vacantes que se produzcan en los mismos, con el fin de que no se vean perjudicados los ciudadanos. Asimismo, ha solicitado al nuevo Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, que “recupere el dialogo con los representantes de los trabajadores, de modo que no se decidan unilateralmente por el gobierno regional, las medidas que afecten a aquéllos”.
