1.- Limita gravemente la autonomía de los Ayuntamientos a la hora de decidir sobre los precios públicos a aplicar a la prestación de Ayuda a Domicilio que siguen siendo servicios municipales ya que establece que “la aportación de los usuarios será determinada, cuando proceda, de acuerdo a los criterios que establezca la Consejería competente”.
2.- Introduce el copago en la prestación de Teleasistencia que hasta ahora era gratuita y que es una prestación de especial trascendencia para las personas más dependientes.
3.- Rechazamos de pleno el pago, ya sea en el presente o en el futuro, por la valoración de la situación de dependencia, porque sería un atentado a la línea de flotación del Sistema ya que, además de servir como elemento disuasorio para muchas unidades familiares de escasos recursos, va contra la más elemental de las obligaciones de un Servicio Público que es dar la valoración respecto al derecho al acceso a una prestación pública, por lo que exigimos que no se retire el articulado que hace referencia a la gratuidad de la valoración.
4.- Establece la posibilidad de subir el precio de las Estancias Diurnas hasta el 35% de la pensión del dependiente que actualmente está en el 25%.
5.- Elimina la descripción de las atenciones establecidas por la Ley para las Estancias Diurnas. Esto abre la posibilidad de empobrecer y vaciar de contenido terapéutico y rehabilitador la prestación de este tipo de recursos convirtiéndolos en meras “guarderías de dependientes durante el día”. Ello, además supondría un grave impacto sobre la empleabilidad de diversos colectivos profesionales (terapeutas, fisioterapeutas, etc).
6.- Abunda y aumenta la situación de dependencia de los ciudadanos al condicionar la intervención pública a la inexistencia de apoyo familiar, eliminando así el carácter de subjetivo del derecho. Esto no solamente aplicado a lo que el Proyecto de Ley hace más evidente (el transporte) sino a todas las prestaciones sociales haciéndolas subsidiarias de unas supuestas, no definidas y contrarias a derecho “obligaciones familiares”. Esto ya no solo es un atentado a la Ley de Dependencia, es un cambio absoluto y radical del paradigma del Estado del Bienestar.
7.- Deja, claramente abierta la posibilidad de que prestaciones técnicas irrenunciables para la responsabilidad pública como son la valoración del acceso al derecho, la elaboración del plan de intervención individual, la aplicación de las prestaciones básicas, el reconocimiento del Grado y Nivel de Dependencia, del Grado de Discapacidad y de las situaciones de riesgo o desprotección de menores, sean encomendadas a entidades de carácter privado en forma de empresas, agencias, etc. Esto supone la liquidación de la responsabilidad pública por encima del modelo de gestión que se adopte.
8.- Elimina de los órganos de participación a los usuarios de los servicios.
9.- Además, evita la participación de todos los agentes sociales en materias decisivas (sin las cuales no se puede hablar de verdadera participación) como son la planificación, el seguimiento y la evaluación del Sistema.
10.- Elimina el carácter preceptivo del informe por parte de los órganos de participación ante la acción de desarrollo legislativo del Sistema por parte de la Administración. Estos tres últimos puntos, suponen una merma sustancial de la capacidad de los entes sociales de que su participación sea realmente efectiva.
En resumen, queda allanado perfectamente el camino marcado por la más pura orientación neoconservadora a la asunción por parte de la iniciativa privada de responsabilidades que, de no ser públicas, pueden terminar en generadoras de desigualdades y destructoras de la cohesión social. Es decir, (como en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular) se les está abriendo las puertas a las agencias, entidades, empresas privadas que, en busca exclusivamente del lucro, abran o cierren la puerta del Sistema a aquellos casos, individuos o unidades familiares que más convengan a sus objetivos económicos.
Con lo de la “subsidiariedad” de los poderes públicos en relación a la familia, queda expedito el camino para todos aquellos que siguen pensando que el Estado, los poderes públicos, no tienen por qué garantizar el derecho a la autonomía personal con independencia de las relaciones, buenas o malas, que tengas con tu familia y que por lo tanto, consideran la protección social, un gasto prescindible y, perteneciente a la esfera de las capacidades individuales, en definitiva, un lujo insoportable por la economía de todos.
Es decir, queda proscrito, el derecho de la persona en situación de dependencia o vulnerabilidad social a elegir entre depender de la familia ú optar por recibir los servicios públicos que le correspondan como ciudadano. Lógicamente, detrás de todo esto se sitúa la concepción paternalista y arcaica de la familia propia de la beneficencia y bandera del pensamiento más conservador imperante en el PP actual.
En resumen, una vez más, los usuarios de los servicios sociales, son considerados ciudadanos de última fila, sin capacidad de influir en la planificación y la valoración de los servicios que necesitan, por detrás de las empresas, las administraciones y los profesionales y por lo tanto, condenados a la tradicional posición de receptores pasivos de una intervención social paternalista y, una vez más, obsoleta y poco democrática.
En definitiva, mala forma de confirmar los peores vaticinios, Sra. Cospedal: con la ya manida excusa de la crisis y de la reducción del déficit, está usted dinamitando los pilares del edificio de protección y justicia social que tanto esfuerzo, tantos años y tanto empeño de los profesionales de su Región y de España han necesitado.
La historia la contempla.
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