La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha decidido no convocar ni respaldar una huelga en la función pública de Castilla-La Mancha contra las nuevas medidas aprobados por el Gobierno de Cospedal. En un comunicado, CSI·F, que «rechaza frontalmente los recortes», ha tomado esta decisión «profundamente democrática y participativa», tras conocer «los resultados de la consulta realizada entre miles de afiliados en la región, todos ellos empleados públicos de la Junta de Comunidades».
CSI·F señala que los funcionarios, laborales y estatutarios de la JCCM «han comunicado de manera rotunda y mayoritaria no estar dispuestos a secundar una jornada de huelga en las Administraciones Públicas de nuestra región». Para el sindicato, los resultados de la consulta son «contundentes» y «reflejan la responsabilidad y el compromiso de los empleados públicos con la delicada situación económica y laboral que estamos viviendo en Castilla-La Mancha».
«Los trabajadores no están dispuestos a afrontar una nueva jornada de huelga que reduciría de manera importante unos ingresos ya de por sí escandalosamente recortados. Consideran que no tendría consecuencias para sus demandas y sólo les acarrearía descuentos, mientras que el Gobierno de la JCCM se ahorraría el sueldo de ese día» asegura el sindicato, según el cual, «los trabajadores de la sanidad, la enseñanza y los servicios generales de la JCCM, agredidos con estos recortes, nos reclaman otras opciones de protesta y rechazo que resulten más innovadoras, más efectivas y menos gravosas con su situación económica».
Por ello, CSI·F «como sindicato mayoritario entre los empleados públicos de nuestra región y partidario de mantener la unidad de acción sindical», seguirá realizando cuantas acciones considere «eficaces en defensa de los intereses de los trabajadores y contra los disparatados y poco efectivos recortes económicos y laborales que estamos padeciendo».
«CSI·F ha tomado esta decisión basándose en lo que quieren sus afiliados y en lo que manifiestan los trabajadores, todos empleados públicos y directamente afectados por unos recortes que vuelven a centrarse en ellos sin mirar a políticos, banqueros y grandes empresarios, auténticos responsables del déficit y la crisis», concluye el comunicado.
