Los hosteleros de Puertollano, coordinados por la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería, pedirán al alcalde Migue Ángel Ruiz una moratoria en la aplicación estricta de la ordenanza de terrazas para evitar perjuicios inminentes al sector, en la confianza de que empresarios, equipo de Gobierno en el Ayuntamiento y grupos políticos de oposición, consigan alcanzar una solución de consenso para adaptar la normativa a la realidad del sector, y más cuando consideran que la administración local fue en el pasado «copartícipe» de la situación con su «laxitud» al otorgar sistemáticamente las licencias.
Así lo ha puesto de manifiesto este viernes en declaraciones a los periodistas el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Ciudad Real, Juan Daniel Rubia, antes de participar en una reunión con hosteleros locales. Rubia ha insistido en que las 14 terrazas con estructuras que no cumplen con la normativa municipal en cuanto a anclajes y elementos fijos han contado desde el primer momento con la preceptiva licencia municipal, que han renovado año a año sin ningún problema.
Consecuentemente, el representante empresarial considera que la administración local «era plenamente conocedora de cómo están las estructuras de esas terrazas». «Por mucho que se quiera mirar para otro lado, hay que concluir que la administración pública ha sido copartícipe», ha remachado.
«El Ayuntamiento está cumpliendo ahora la normativa, pero a nadie se le escapa que puede ser más o menos laxo, y de hecho los hosteleros llevan años con esa laxitud de normativa y no ha pasado nada», ha dicho. Así, prosigue, lo primero que se pedirá al Ayuntamiento será que tome las decisiones «con calma» y un tiempo que permita adaptar la normativa y se adopte una moratoria o suspensión de las ejecuciones de levantamiento de terrazas.
Rubia ha referido que en Puertollano «se ha destapado una Caja de Pandora que perjudica a muchos hosteleros», y que lo importante será buscar soluciones que permitan a la hostelería conservar los puestos de trabajo y «amortizar las inversiones que han hecho con el beneplácito y las correspondientes licencias municipales».
La agenda de la Asociación Provincial de Hostelería pasa, primero, por adoptar decisiones y recabar el sentir de los afectados en la reunión celebrada este viernes, tras lo cual se realizarán encuentros con la patronal FEPU, el alcalde Miguel Ángel Ruiz y los grupos políticos de oposición, a los que intentarán «convencer de lo que es mejor para Puertollano, los hosteleros y los ciudadanos».
Respecto al componente político de la problemática, tras el rechazo de los grupos de oposición, PSOE, Vox e IU, a la modificación de la ordenanza de terrazas, el presidente ha expresado que el problema, más que político, «es de supervivencia del sector», por lo que espera que al final «prime la coherencia en la política y en el día a día».
En los mismos términos se ha referido Ricardo Jimeno, vicepresidente provincial de la asociación y delegado de la zona de Puertollano y comarca, para quien la aplicación estricta de la ordenanza supondrá un «perjuicio económico enorme, porque los hosteleros han desembolsado una inversión grande a la hora de levantar las terrazas, y han atendido un pago de tasas importante, tanto directas como indirectas, a lo que se suma un exceso regulatorio y un sobrecargo de gastos laborales, fiscales y administrativos». «Ya solamente nos falta que se nos complique la existencia para trabajar en las terrazas; la administración debe tener un poco de empatía y facilitar las cosas porque lo único que queremos es abrir y trabajar, y hacer más felices a los habitantes de Puertollano», ha expresado. «Realmente lo que la hostelería hace es dar vida a un pueblo», ha concluido.
