El Decreto de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria y Financiera del pasado 30 de Diciembre ha situado en el 10% la tasa de reposición para la oferta de empleo público en el sector de la educación para 2012. Esto – para CSI·F-, que puede parecer una situación mejor que en otros sectores de la Administración Pública que quedan congelados, «en la práctica significa lo mismo, un verdadero mazazo a las ilusiones de miles de opositores que llevan mucho tiempo invirtiendo su tiempo y su dinero esperando tener una oportunidad para su futuro laboral y profesional».
A juicio de CSI·F, frente a lo que parece una ventaja sobre otras administraciones públicas, la reducción de la oferta educativa al 10% (en todo caso no se garantiza este porcentaje, pues queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias), resulta en la práctica una congelación encubierta.
«Lo grave del caso es que, en Educación, las vacantes no se van a quedar sin cubrir ya que no se puede dejar un aula repleta de niños sin maestro, ni a un grupo de 35 adolescentes que aprendan solos en el aula, por lo que necesariamente habrá que enviar profesorado interino para que los centros docentes puedan abrir sus puertas en septiembre con la mayor dosis de normalidad posible. Y lo más penoso del caso es que, el interino que vaya a cubrir las vacantes donde no haya un funcionario de carrera, tiene unos costes ligeramente superiores para las administraciones que los del funcionario. Los únicos objetivos que parecen atisbarse con esta medida es el aumento de la inestabilidad de las plantillas, la precarización del empleo docente y la imposibilidad de los centros de elaborar planes a medio plazo para luchar contra el fracaso escolar».
Por tanto, no es el ahorro del gasto público la que induce a tomar esta medida, sino la extensión a todo el sector público de las medidas de recorte que el nuevo Gobierno ha tomado de forma generalizada, sin tener en cuenta las especificidades de los distintos sectores de las administraciones públicas.
No es la primera vez que ocurre esto, pues ya el año pasado en la Ley de Presupuestos, la tasa de reposición que se propuso fue de un 10% y, en instancias parlamentarias, tras una campaña muy activa de todos los sindicatos de enseñanza, se consiguió modificar dicha tasa al 30%. «Ahora nos vemos en la tesitura de volver a tener que recordar lo mismo para practicar el diletante juego de ver cómo a los que teníamos que convencer el año pasado están convencidos, y a los que con anterioridad estaban convencidos, ahora son refractarios».
