El Gobierno de Castilla-La Mancha ha rechazado, en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el criterio de reparto del impuesto a la banca basado en el Producto Interior Bruto (PIB) regional, al considerarlo “injusto” y contrario a uno de los principios recogido en la Constitución Española, que dice que “la riqueza nacional se debe repartir de manera equitativa entre las regiones”, siendo la mejor manera de redistribuir la renta, y que compete a la Administración del Estado.
Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida en Toledo, en la que ha informado tanto del desarrollo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se ha celebrado este lunes en Madrid, como de la posición mantenida por el Gobierno de Castilla-La Mancha. En la que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.
Un criterio de equidad con el que, según ha explicado Ruiz Molina, se están dando argumentos a las comunidades autónomas que consideran que, “porque tengan mayor capacidad económica, tienen derecho a más financiación”, y, en consecuencia, “los ciudadanos que residen en esas regiones tienen derecho a unos mejores servicios”, ya que, “la sociedad no entiende que un impuesto que se recauda de los más ricos se reparta fundamentalmente entre las comunidades autónomas que, de acuerdo con su PIB son las más ricas”
Estos argumentos a los que se ha referido el consejero tenían la intención, no sólo de justificar el voto negativo del Castilla-La Mancha, sino también de que “esta argumentación fuera asumida por el resto de las comunidades autónomas”, de ahí que la intervención del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en el pleno del Consejo fuera la primera.
Y ha añadido que a pesar de que la propuesta provenía de un Gobierno socialista, Ruiz Molina ha señalado que desde el Gobierno regional se ha optado por la coherencia y no por intereses partidistas, “desde Castilla-La Mancha manifestamos coherencia en nuestros planteamientos, con independencia de que color político esté en el gobierno central en cada momento, votaremos a favor de lo que beneficie a la región, y que no en aquello que le perjudica”. Siendo esa la coherencia, como ha indicado, que caracteriza al presidente García-Page; y que “me gustaría que fuera asumida por Paco Núñez y el Partido Popular en la región”.
Triple satisfacción en relación con la condonación parcial de la deuda
Durante su alocución, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha vuelto a manifestar la “satisfacción” del Gobierno de Castilla-La Mancha ante la propuesta de condonación parcial de la deuda del Ministerio de Hacienda, que para la Comunidad Autónoma asciende a 5.000 millones de euros.
Una triple satisfacción con la que, en primer lugar y como ha señalado el consejero, “se ha hecho justicia con Castilla-La Mancha”, ya que se trata de una medida que se venía reclamando desde 2017, año en el que gobernaba el Partido Popular, siendo “la primera comunidad autónoma que puso de manifiesto la necesidad de hablar de condonación de la deuda”, basando esta petición en que “parte de ese endeudamiento era consecuencia de la infrafinanciación que sufre la región con el actual sistema de financiación autonómica”.
En segundo lugar, por la metodología utilizada por el Ministerio de Hacienda, al incluir como uno de los criterios fundamentales para cuantificar la condonación de la deuda, la infrafinanciación, habiendo, “un reconocimiento explícito ya no por parte de los técnicos, sino del propio Ministerio, de que Castilla-La Mancha está infrafinanciada”. Siendo, por tanto, “una de las comunidades autónomas más beneficiadas de esa condonación”, ha añadido.
Y en tercer lugar, el consejero ha mostrado su “satisfacción” por los resultados que arroja esa metodología para la región, y ha precisado que, esos 5.000 millones significan que “somos la comunidad a la que mayor deuda se la va a condonar por habitantes”; que “seríamos la segunda, después de Andalucía, que más reduciría la ratio de deuda respecto al PIB”, pasando de tener actualmente, una deuda que representa el 30 por ciento del PIB, a que representara un 20 por ciento; y finalmente, con respecto al endeudamiento al cierre de 2023, a la región se le condonaría el 30,5 por ciento de su deuda, muy por encima de la condonación media nacional, que es del 26,7 por ciento.
Necesidad de aprobar un fondo transitorio
Por otra parte, el responsable de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha indicado, que, durante el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, también pudo trasladarle a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que esa condonación de parte de la deuda no soluciona el problema de la financiación, que es “un importante punto de partida, pero que es necesario afrontar cuanto antes un nuevo modelo de financiación”.
Además, también le indicó que “de la misma manera que se había elaborado una metodología para calcular la condonación de la deuda, pusiera el mismo esfuerzo, para liderar a través de otra metodología, cual debería ser el método más adecuado de financiación de las comunidades autónomas”, sin perjuicio, ha añadido, que esa metodología se pudiera “discutir en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.
En esta línea, el consejero ha manifestado que hasta que esto ocurra, es “necesario” que se apruebe un fondo transitorio “que compense” a aquellas comunidades autónomas que objetivamente están infrafinanciadas, entre ellas, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, y, por supuesto, Castilla-La Mancha.
Y ha concluido su intervención reiterando el “malestar o confrontación que puede tener Castilla-La Mancha con cualquier modelo de financiación singular, en este caso para Cataluña”, que no busca más financiación, algo que sería legítimo, sin más financiación que los demás.