La noticia era esperada como algo inexorable. Y así ha sido. El Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real ya ha dictado el auto que concede a los administradores concursales del Aeropuerto de Ciudad Real la suspensión de actividad de esta infraestructura durante un año. El juzgado ha tomado en consideración las motivaciones que esgrimieron los administradores en su solicitud de cierre temporal, adelantada por MICIUDADREAL.ES
Según informan diversos medios citando como fuente a la agencia Efe, las partes, tanto los accionistas como los administradores concursales, ya han tenido conocimiento de la decisión de la jueza que instruye el concurso de acreedores del Aeropuerto de Ciudad Real. Para ello, el juzgado ha tomado en consideración muchos de los fundamentos y motivaciones que esgrimieron los administradores en su escrito de solicitud de cierre temporal de las instalaciones, adelantado por MICIUDADREAL.ES
De este modo, el Juzgado encomienda a los gestores del aeropuerto la presentación de un nuevo ERE que determine cómo afectará a la plantilla la suspensión temporal de la actividad.
En su petición de suspensión, los actuales gestores de la infraestructura, por boca de Francisco Pérez, transmitían su impotencia para reflotar el proyecto, aduciendo múltiples circunstancias y culpabilizando a tirios y troyanos: desde la gravísima situación financiera de CR Aeropuertos SL, a las decisiones políticas contrarias a sus intereses, pasando por la amenaza de Barajas como competidor casi imbatible. La coletilla final está dedicada a los trabajadores, para muchos de los cuales planea la suspensión de contratos.
El concurso de acreedores, el primer escollo
En el escrito remitido al juzgado, los gestores se lamentaban paradójicamente de que la situación de concurso «dificulta extraordinariamente llegar a acuerdos de explotación de los servicios en un sector que precisa un marco estable a muy largo plazo». «Este factor -prosiguen- imposibilita en la práctica la explotación del aeropuerto, puesto que no podemos concertar contratos que condicionen su explotación más allá del periodo de vigencia de nuestros cargos, que actualmente podemos estimar en un año (periodo en el que podría culminar la tramitación del concurso), mientras que los plazos en el sector se miden por décadas».
Estando así las cosas, los administradores sostienen que «la operatividad del aeropuerto es una incógnita que retrae a los interesados en el negocio, puesto que no se sabe si alcanzará algún convenio que permita la subsistencia de la infraestructura, o si se abrirá la fase de liquidación».
La competencia de Barajas
En sumo grado les preocupa a los administradores la competencia con el Aeropuerto de Barajas. En su escrito, advierten de que «este mismo año 2011 se han tomado decisiones políticas y empresariales que perjudican la posición competitiva del Aeropuerto de Ciudad Real». En este sentido, llaman la atención sobre «la decisión de construir en Barajas una gran terminal de carga en la T4 con una superficie mucho mayor que la de Ciudad Real, ya que con esta decisión queda en entredicho una de las mejores oportunidades competitivas del aeropuerto». Además, y siempre según los actuales responsables del aeródromo ciudadrealeño, «la decisión de privatizar la explotación de Barajas, formalizada en el Consejo de Ministros del 15 de julio, añade más incertidumbre sobre el futuro del proyecto».
Pérez recuerda asimismo que el 11 de agosto de 2011 el nuevo gobierno autonómico decidió suspender el patrocinio de líneas regulares, así como liquidar la Sociedad de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha. «Sin el apoyo financiero de la Junta de Comunidades es imposible mantenerlas. Además, no cabe esperar ayuda financiera de esa procedencia puesto que la Consejería de Fomento nos ha comunicado, pública y personalmente, que el aeropuerto es una empresa estrictamente privada», señala el administrador.
Situación financiera límite
Respecto a la situación financiera, los gestores del Aeropuerto de Ciudad Real advierten de que las actuales circunstancias «no permiten continuar con la actividad». La liquidez de la sociedad, a 4 de octubre de 2011 era de 21.942 euros, mientras que los gastos previsibles se antojan desorbitados. De hecho, Pérez incide en que los gastos estimados para mantener la actividad ascenderían a una media de 880.000 euros mensuales (990.321 en octubre, 835.434 en noviembre y 832.528 en diciembre). «La diferencia entre efectivo disponible y obligaciones de pago seguiría siendo enorme. En lo que a costes laborales se refiere -continúa-, se han abonado los salarios de septiembre, pero no será posible pagar los de octubre, ya que el importe de la nómina asciende a unos 100.000 euros. No es conforme a derecho, ni justo, ni equitativo, obligar a trabajadores y proveedores a mantener sine die la prestación cuando no se les va a poder pagar».
El futuro de los trabajadores
A pesar de la suspensión, los administradores avisan de que «seguirán siendo necesarias importantes actividades de mantenimiento y conservación», y de que la administración concursal deberá concretar qué contratos vigentes con prestadores de servicios y proveedores deben subsistir. En este sentido, consideran necesaria la «suspensión temporal de los contratos laborales de los empleados cuyos puestos no sean necesarios para mantenimiento y conservación», si bien «sin perjuicio de la tramitación de esta solicitud, como medida alternativa, se podría someter a consideración del juzgado cualquier oferta de compra de activos, acreditada mediante un ingreso previo en la cuenta del juzgado, en efectivo metálico, del 10 por ciento del importe de la oferta».
