No han tardado en producirse las manifestaciones de rechazo al Plan Cospedal entre las filas del PSOE y los sindicatos. Mientras que el PSOE acusa directamente a la presidenta de “dinamitar el Estado del Bienestar”, los sindicatos vinculados a la administración pública condenan las medidas y exigen a los miembros del Ejecutivo que “sean los primeros en reducirse el sueldo”.
“Tras consumar la mayor estafa política de la historia, al no desvelar su plan oculto antes de las elecciones de mayo o del 20 de noviembre, María Dolores De Cospedal ha dinamitado el Estado del Bienestar, y lo poco que queda en pie lo vende”. Así ha resumido el portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, el plan de recortes presentado por la presidenta de Castilla-La Mancha.
“Además, es un plan catastrófico, porque paraliza la economía de la región, genera más pobreza y va a generar más déficit”, dice Guijarro, quien ha anunciado ya la petición urgente de comparecencia del Gobierno para que explique en el Parlamento regional “el verdadero alcance y toda la profundidad de estos recortes tan brutales”.
En referencia al primer paquete, el que hace referencia a la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales Guijarro asegura que “privatiza la Sanidad, deja herida de muerte a la Educación pública y convierte los servicios sociales en la beneficencia de los años 60”.
Sobre la privatización de los hospitales de Manzanares, Tomelloso, Villarrobledo, Almansa y los futuros de Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete, el portavoz socialista indicaba que “se pone la salud, la Sanidad pública de Castilla-La Mancha al servicio de las cuentas de resultados de las empresas privadas que vayan a gestionar los hospitales”. “La calidad de la prestación se va a deteriorar, asimismo, con decisiones como las de no cubrir jubilaciones, ni bajas ni vacantes entre el profesional sanitario o el cierre de quirófanos y plantas de hospitales”, aseveraba Guijarro.
Además, y a pesar de lo asegurado por Cospedal, el dirigente socialista sospecha que “sí se va a introducir el copago”. “Nos da mucho miedo esa medida que Cospedal ha enunciado de manera tan eufemística de poner freno a la demanda inapropiada de los servicios socio-sanitarios. Eso creemos que el copago, el ticket moderador que ya han anunciado en Cataluña”.
Como “la beneficencia de hace 30 ó 40 años” ha descrito el diputado socialista el estado en el que va a quedar el sistema de servicios sociales tras los recortes. “Se cargan la universalidad de muchos de los servicios, ponen en peligro programas como la ayuda a domicilio o la teleasistencia y van a privar a miles de personas en situación de dependencia del cobro de las prestaciones”, dice.
«Volvemos a los 60»
En materia de Educación, Guijarro ha asegurado que “volvemos a los años 60, cuando se sabía que niño era de una familia que tenía posibles y qué niño venía de una familia pobre”. Lo decía en relación a la decisión de suprimir la gratuidad de los libros de texto y ofrecerla solo a las rentas más bajas.
Para el PSOE de Castilla-La Mancha, “se trata sin duda de un cambio de modelo que busca favorecer la enseñanza concertada y la privada. Así se entiende la paralización de cualquier obra educativa nueva, y los despidos que se avecinan para el curso próximo, después de que hoy se haya confirmado, también, el aumento de la jornada lectiva el curso próximo en la enseñanza infantil y primaria y que no se contratará más interinos a partir del 30 de junio”.
“Pero si draconicanas y desacertadas son las decisiones referidas a los servicios públicos, absolutamente injustas son las que hacen referencia a los 70.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades”, en opinión de Martínez Guijarro, para quien Cospedal “ha insultado a los trabajadores públicos llamándoles vagos y usureros, y luego les ha bajado el sueldo un 10 por ciento, que es el resultado de sumar el 3 por ciento del salario bruto de baja directa y las dos horas y media semanales más de jornada laboral”.
En el mismo sentido, ha lamentado situaciones como la de GEACAM, el servicio de extinción de incendios, “cuyos trabajadores van a ver cómo pasan de ser personal laboral indefinido, a fijo-discontinuo, con periodos de varios meses en paro cada año”.
El portavoz socialista en las Cortes regionales ha finalizado su valoración de urgencia del Plan de Recortes analizando el impacto y las consecuencias económicas de las medidas. ”Nos vamos a quedar cortos. Se van a destruir más de 25.000 puestos de trabajo. Y, además, se va a paralizar la actividad económica de la región, con lo que van a caer drásticamente los ingresos del Gobierno regional, vamos a tener más déficit y serán necesarios nuevos ajustes que, de nuevo, recaerán sobre los más débiles”.
Guijarro ponía el énfasis en que Cospedal “va a despedir directamente a miles de empleados públicos y va a obligar a cerrar a muchas empresas con la paralización absoluta de la obra pública”. Sobre esta última cuestión, hacía hincapié en la supresión de la construcción de la Autovía del Júcar y de los tramos que restan para finalizar la Autovía de la Sagra o la Autovía del IV Centenario.
El dirigente socialista cerraba su intervención definiendo al de hoy como “el peor día de la historia de Castilla-La Mancha. Se dinamita el Estado de Bienestar que nos ha costado tantos años construir, y se nos aboca a un presente negro y a un futuro aún peor en lo económico”, concluyó.
SATSE: “las medidas destruirán empleo y empeorarán la calidad de la Sanidad”
Por su parte, el Sindicato de Enfermería de Castilla-La Mancha, SATSE, ha mostrado su “total rechazo” a las medidas anunciadas hoy por la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores Cospedal. SATSE considera que el aumento de la jornada de trabajo de los empleados públicos y la gestión público-privada en cuatro hospitales “repercutirán de forma muy negativa en la calidad del sistema sanitario de Castilla-La Mancha”.
Para SATSE, “el aumento de las horas de trabajo de los trabajadores públicos significará la reducción de la plantilla de profesionales sanitarios, lo que conllevará irremediablemente un empeoramiento de la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a los usuarios, puesto que con menor número de profesionales habrá que dar atención a la misma población”.
“Si a esto unimos la gestión público-privada que se va a introducir en los hospitales de Almansa, Manzanares, Tomelloso y Villarrobledo, y a la prevista en otros hospitales como los nuevos de Toledo, Cuenca y la ampliación del hospital de Guadalajara, significa un ataque directo a la sanidad pública, que podría derivar en situaciones como las que se están viviendo en Cataluña”, dice el sindicato.
Las medidas anunciadas hoy por Cospedal, junto a otras que se están llevando a cabo en los centros sanitarios y las residencias sociosanitarias de la región, “van a situar a la Sanidad y a los profesionales sanitarios en una difícil situación que va a terminar repercutiendo en la asistencia sanitaria a los usuarios”, asegura SATSE, que considera que” los trabajadores públicos ya han sufrido recortes salariales y que no deben ser los que vuelvan a pagar las consecuencias de la mala gestión llevada a cabo con una nueva rebaja en el salario”.
El Sindicato considera que para gestionar de forma adecuada la Sanidad en Castilla-La Mancha “hay muchas otras medidas que pueden adoptarse en los centros sanitarios y que no provocarían la destrucción de empleo ni incidirían en la calidad de los servicios sanitarios públicos”.
CSI•F pide que los altos cargos y miembros del ejecutivo sean los primeros en reducirse sueldos
El Sindicato CSI•F considera “inadmisible” que el cuerpo de funcionarios y laborales de la administración “vuelvan a convertirse en la diana de las medidas de austeridad anunciadas por la presidenta regional, con una nueva bajada salarial y aumento de la jornada laboral”. “Los trabajadores no pueden seguir asumiendo nuevos esfuerzos en sus nóminas, pues la pérdida de poder adquisitivo se fija ya por encima del 45% en los últimos años”, por lo que CSI•F no descarta ninguna “medida de presión ante tan brutal agresión a los empleados públicos de Castilla-La Mancha”.
CSI•F recuerda a la presidenta regional que “los empleados públicos ya soportan un descenso en sus sueldos del 5% desde el año 2010 y una nueva congelación en el presente ejercicio, lo que significa un nuevo 12% de pérdida de poder adquisitivo. Las medidas anunciadas en el día de hoy producirán una nueva desviación acumulada por encima del 20% en los dos últimos años”.
“Resulta sospechoso y muy preocupante, en primer lugar, que no se respeten los órganos de representación de los trabajadores y que los sindicatos tengan que enterarse de las medidas que afectan a los colectivos a los que representan por la prensa, sin siquiera dignarse a avanzarles el grueso o la filosofía de esas decisiones. Gobernar por decreto no es una opción cuando ni siquiera se ha convocado a los agentes sociales para debatir, o al menos informarles, de las intenciones del gobierno”, dice el sindicato.
CSI•F asegura que, por otro lado, “la eliminación de empleos públicos, traducido en la eliminación de interinos y la falta de ocupación de las vacantes que se van generando, provocará el aumento del número de desempleados y la desconfianza de los ciudadanos en una administración que en lugar de crear empleo lo destruye”.
La nueva bajada salarial “atenta directamente contra la línea de flotación de todos los empleados públicos”, pues CSI•F no considera que ello contribuya a la generación de empleo, “sino que más bien parece una propuesta para sanear las arcas regionales y hacer frente a las numerosas deudas contraídas. Lo que no parece en absoluto ético es que tengan que ser los trabajadores los que asuman ese coste con la reducción de sus nóminas”.
Otras medidas anunciadas por Cospedal como el aumento de la jornada laboral o la colaboración público-privada en gestión hospitalaria, “suponen una marcha atrás y exigen nuevos sacrificios a los trabajadores, verdaderos paganinis de la crisis de los mercados financieros y de la nefasta gestión heredada. Los funcionarios y laborales de la administración pública castellano manchega ya han demostrado su generosidad y solidaridad con las necesidades sociales, pero todo tiene un límite que acaba de ser rebasado con el anuncio de la presidenta regional”, considera CSI•F: “las conquistas laborales conseguidas hasta ahora en las Mesas de Negociación y producto del diálogo sereno entre políticos y centrales sindicales, quedan en agua de borrajas por virtud de la decisión del gobierno de Castilla La Mancha”.
Desde CSI•F, se exige al gobierno de Castilla La Mancha que “predique con el ejemplo y que los altos cargos y miembros del ejecutivo sean los primeros en reducirse los sueldos, dejar de cobrar dietas y kilometrajes y renunciar a sus prebendas especiales, como viajes y comidas oficiales, cobros por asistencias a órganos colegiados, uso de tarjetas de crédito a cargo del erario público y la limitación de pagadores en virtud de diferentes obligaciones institucionales o partidarias, que hace que muchos cargos públicos reciban más de un sueldo, en un claro y flagrante agravio comparativo e injusticia social cuando se piden sacrificios a los trabajadores y más de un millón y medio de familias no tienen ningún tipo de ingresos”.
CSI•F no admite “las decisiones unilaterales de un gobierno que no respeta las formas ni a los representantes de los trabajadores, pues mientras la Secretaria General del PP y presidenta de Castilla La Mancha pide consenso en Madrid se dedica a gobernar en solitario en nuestra región, obviando las recomendaciones que hace en nombre de su partido fuera de nuestra fronteras”.
