«Indignación» es la palabra con la que la concejal de urbanismo, Mayte Fernández, ha manifestado el «rechazo» del equipo de Gobierno a la decisión de la Junta de Comunidades de cerrar la Oficina de Vivienda de Puertollano, junto a las de Alcázar de San Juan y Talavera. Según el Consistorio puertollanero, esta oficina «ha permitido que durante cuatro años los ciudadanos de Puertollano no tuvieran que trasladarse a Ciudad Real a hacer cualquier trámite relacionado con la vivienda».
Mayte Fernández considera que la supresión «afecta a los servicios públicos y refleja la falta de respeto institucional entre dos gobiernos, el regional y el local, que representan a los ciudadanos». «No entendemos -prosigue- que ante una decisión que quitar un servicio no se pongan en contacto ni con el alcalde ni con el equipo de gobierno. Tenemos una sensación de abandono de los responsables del Gobierno Regional hacia Puertollano y nos quejamos de forma abierta y que se nos atienda igual que a otras ciudades, que dejen posiciones partidistas y asuman sus obligaciones de gobierno que nos afectan a todos».
Asimismo, estima que la desaparición de esta oficina de vivienda «es un paso atrás en los servicios a la ciudad de Puertollano desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, una resolución que no se ha explicado y que supone ningunear a esta ciudad».
La Consejería de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Castilla-La Mancha abrió esta oficina en el número 37 de la calle Encina, esquina con Ancha, como ventanilla única a las personas que quisieran recibir cualquier tipo de información relacionada con la vivienda. Su función era la de informar y asesorar en materia de ayudas a la vivienda, intermediación en materia de alquileres, apoyo a las delegaciones provinciales de la Consejería de Vivienda para la gestión de los expedientes de solicitud de ayudas y adjudicación y llevanza del registro de demandantes de vivienda y el registro de viviendas con protección oficial.
Los ciudadanos también podían inscribirse en el registro de demandantes de Viviendas de Protección Oficial de la Junta de Comunidades, y servía de registro para promotores, que deberán estar inscritos para tener la posibilidad de construir viviendas de protección oficial o para jóvenes. Además se ofrecía información sobre las distintas ayudas que dispone la administración regional de acceso a la vivienda, el baremo, puntuación, etc.
