La noticia ha saltado este martes, pero no en Castilla-La Mancha, precisamente, sino en Burgos: la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, ha anunciado ante un grupo de empresarios de Castilla y León que el próximo viernes dará a conocer la aplicación de la segunda parte de un plan de ajuste (conocido oficialmente como Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos), que «va a suponer el ahorro de 350 millones de euros».
Cospedal ha anunciado que «es necesario acometer estas medidas, dadas las malas previsiones de crecimiento que nos está anunciando la ministra de Economía en funciones, Elena Salgado, basadas en que España no va a crecer al 2,5 %, sino al 0,8 o al 0,7 %». En este sentido, ha manifestado que, «como los ingresos de las comunidades autónomas serán menores, el ajuste y el ahorro que tengamos que hacer todavía será mayor».
La presidenta ha presentado las iniciativas de su Gobierno regional como «avanzadilla de las que el presidente del Partido Popular quiere adoptar a nivel nacional».
Cospedal ha asegurado que el Gobierno que ella preside «heredó una deuda oficial superior a los 7.200 millones de euros, prácticamente el 20% del PIB y un agujero adicional de 2.815 millones de euros, 168.000 facturas sin pagar y un déficit presupuestario superior al 6% del PIB en términos presupuestarios a 30 de junio». Cospedal ha presentado su plan como “el mayor esfuerzo de ahorro” acometido en una comunidad desde que se aprobaron los Estatutos de Autonomía a principios de la década de los ochenta. Este plan, según la presidenta, es la respuesta a un análisis completo, exhaustivo y detallado del estado de las cuentas públicas, tras el que se tuvieron que adoptar las medidas que contiene.
A la hora de mostrar las líneas maestras de las partidas en las que se puede reducir el déficit, ha recordado que «el plan se elaboró partiendo sobre la base de varios principios: recortar lo innecesario, en gastos corrientes y no productivos, prescindiendo de buena parte de altos cargos, personal eventual y organismos públicos redundantes de la planta general del Estado».
Además, «el plan ha aplazado lo menos necesario hasta que se alcance el equilibrio presupuestario y se saneen las cuentas públicas, en lo referido a las infraestructuras. Por otra parte, y de manera fundamental, es un plan que garantiza los servicios sociales básicos y reasigna todos los recursos posibles a programas y políticas de apoyo a los emprendedores, todo ello sin subir los impuestos a los castellano-manchegos».
