El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, presidido por el popular Diego Ortega, aprobó por unanimidad en pleno extraordinario el inicio de actuaciones administrativas y judiciales de las obras ejecutadas y «presuntamente ilegales» de la reforma y ampliación de instalación eléctrica e iluminación del Parque Alces. En este sentido, se ha facultado alcalde para que en nombre de la corporación municipal otorgue los poderes necesarios, incluido el de carácter especial, para formular querella criminal.
Estas actuaciones se aprobaron con la ausencia del grupo socialista. Según Ortega, el ex alcalde socialista José Fernando Sánchez Bódalo, «era conocedor de la presunta ilegalidad e improcedencia de su adjudicación; unas obras que no cuentan con procedimiento, licitación, proyecto y no han contado con presupuesto».
Según el alcalde, la empresa que realizo los trabajos en el parque Alces no puede cobrar ni tampoco ser indemnizada. La cuantía asciende a 156.464.51 euros.
Según indica el Ayuntamiento en nota de prensa, las obras fueron ordenadas verbalmente por el anterior alcalde, «según el representante de la empresa en una reunión, donde estaban presentes el concejal de obras, el interventor accidental, arquitecto municipal e ingeniero».
