Los diputados del Partido Popular, Carmen Fúnez y Enrique Belda, opinan que un buen número de localidades de la provincia de Ciudad Real intenta compensar los riesgos de la despoblación con una decidida apuesta por la conexión telefónica y de datos de calidad, y señalan que este esfuerzo queda anulado si el Gobierno central permanece ajeno a sus competencias de vigilancia e inspección sobre grandes corporaciones proveedoras de estos servicios, “que cada vez con más frecuencia realizan cortes de suministros, permiten o provocan interrupciones en el flujo de datos o descuidan el mantenimiento de los dispositivos de repetición”.
“Las personas que residen en los pequeños municipios tienen, como el resto de los habitantes de España, constitucionalmente garantizados una serie de derechos que en esta tercera década del s. XXI se articulan en buena medida a través de la red, asociando las comunicaciones y el suministro de datos a la prestación efectiva de bienes y servicios”, declaran. Además de la vulneración frecuente del derecho a las comunicaciones y a los datos, recalcan que lo que reviste una extraordinaria gravedad es la quiebra, indirecta pero probada, de derechos como la salud (integridad física y psíquica), la educación, la reunión, el acceso a los expedientes administrativos, o la relación misma con los poderes públicos. “Centros de Salud, farmacias, colegios, residencias de personas mayores, centros de día y oficinas de la administración local, carecen hoy por hoy de garantías para realizar su trabajo sin un suministro de calidad, y cada ciudadano/a sufre también las consecuencias de manera inmediata (en sus hogares para realizar gestiones) como mediata (no pueden recibir el servicio público de las instituciones que trabajan sin continuidad)”, denuncian.
Aseguran los diputados populares que la despoblación se combate con un sólido sistema de comunicación física (infraestructuras, transportes), de soporte (telefonía, datos) y, por supuesto, de fomento efectivo de la residencia y la calidad de vida (impulso del empleo, tratamientos fiscales y sociales adecuados, políticas de natalidad, ayudas a familias, cuidados geriátricos, etc.), y tienen claro que la solución no pasa por repartir subvenciones a entidades del entorno de la esposa del sr. Presidente “que trafican con el problema”, entregarse a políticas de “criminalización” de la agricultura y la ganadería tradicional o la consagración de un “ecologismo de oficina” diseñado a miles de kilómetros de nuestra realidad.
“En tanto se tomen las riendas de un diseño de fomento poblacional integral, recursos como los datos y la telefonía constituyen la única tabla de salvación para engarzar municipios pequeños con el desarrollo socioeconómico que conocen otros núcleos de población”, declaran, y anuncian, para finalizar, que han registrado una pregunta dirigida al Ministerio de Transformación Digital sobre la situación de Castellar y que en los próximos días continuarán alertando de la situación en otros lugares de nuestra circunscripción.
