La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha dado hoy «garantías» a los padres y alumnos de la Fundación Virtus de que “defenderá los derechos de los alumnos» y «velará por que se garanticen los títulos obtenidos para preservar las enseñanzas” ante el Ministerio de Fomento. No obstante, el comunicado remitido a la prensa no hace referencia alguna a la principal petición de los afectados: dinero para que el centro subsane las deficiencias detectadas por la auditoría de Aviación Civil y pueda conservar la licencia de la Agencia de Seguridad Aérea (EASA).
El viceconsejero de Educación, Tomás García Cuenca, se ha reunido con representantes de los padres y de los alumnos de la Fundación Virtus en la sede de la consejería donde les ha trasladado “todo el apoyo y los esfuerzos necesarios para que las enseñanzas impartidas en la fundación vuelvan a la normalidad”. En una nota de prensa, el viceconsejero lanza ahora la pelota contra el tejado del Ministerio, pero no hace referencia alguna a la principal petición de padres, alumnos y Ayuntamiento de Puertollano: que la Junta ponga el dinero para subsanar las deficiencias detectadas por la auditoría de Aviación Civil y el centro pueda conservar la licencia de la Agencia de Seguridad Aérea (EASA), que es lo que realmente abre el mercado laboral a los estudiantes.
En nota de prensa, García asegura que la Junta de Comunidades “ya ha hecho y cumplido lo que está en su mano y la parte que le toca”. Asegura que la Consejería ya ha decidido que las clases y las enseñanzas pasen a impartirse bajo la tutela del IES Virgen de Gracia de Puertollano “con lo que nosotros hemos actuado con rapidez y hemos hecho nuestros deberes. Ahora, es competencia del Ministerio de Fomento resolver el asunto de las licencias. Nosotros nos comprometemos con los padres y alumnos –les dijo el viceconsejero- a que a que defenderemos sus derechos ante Fomento, intentaremos que se garanticen los títulos obtenidos y actuaremos ante el ministerio para intentar solucionar la situación”, aunque dijo que «las decisiones de este tipo no le competen a la Consejería sino al Ministerio.
En un clima de «absoluta colaboración y de diálogo con los padres y alumnos de la Fundación Virtus», la Consejería les ha trasladado que está dispuesta a hablar «con las empresas en las que se realizan las prácticas y con los responsables en estas empresas de la formación de los alumnos para que se les siga instruyendo y atendiendo”.
Una vez más, los responsables de la Consejería aseguraron a padres y alumnos que en la Fundación Virtus se han detectado graves irregularidades “que deberán ser aclaradas” y que están en el “germen de esta situación”. Así, se ha recordado que “debido a una irresponsable gestión, la Fundación Virtus era incapaz de garantizar la impartición de las enseñanzas”. Ante esta “situación irregular y la indefensión ante la que se encuentran los alumnos, el consejero Marcial Marín se ha comprometido ante las familias y profesores a proponer una solución educativa para que los alumnos no pierdan sus títulos ni estudios. Esta solución ha sido la de decretar que las enseñanzas se sigan instruyendo bajo el amparo del IES Virgen de Gracia. Además, se firmará un convenio de colaboración entre la consejería y el Ayuntamiento de Puertollano para la cesión gratuita de los bienes inmuebles e instalaciones de la fundación».
La preciada licencia
Antes de que la Junta remitiera su nota de prensa, la presidenta de la Fundación Virtus, Eva Morales, anunciaba que va a remitir un escrito a la directora general de Formación Profesional en Castilla-La Mancha, Isabel Couxo, para exigir al Gobierno Regional la subrogación de los ocho trabajadores de la Fundación Virtus, así como de los contratos mercantiles que tiene esta entidad en vigor para que 34 alumnos puedan desarrollar sus prácticas.
Morales dijo que la situación es «insostenible» y «el Gobierno de Castilla-La Mancha debe cumplir con lo comprometido». «De no haber respuesta ni solución el próximo lunes, día 14 de noviembre, -asegura- la Fundación cerraría sus puertas y provocaría a su vez la suspensión definitiva de la licencia de la Agencia de Seguridad Aérea (EASA) y el despido de toda su plantilla. Irse más allá de ese plazo supone que no ha existido voluntad y que no va a haber posibilidad que los alumnos terminen sus prácticas en diciembre y los que lo están cursando segundo curso obtengan su titulación en junio».
Morales reconoció que el Gobierno Regional ha salvado el ciclo formativo de grado superior «pero lo importante es que se preserve la licencia de Aviación Civil para que los 85 alumnos puedan acceder al mercado laboral, ya que las prácticas solo la puedan hacer con personas o empresas que estén acreditados para ello».
