La diputada y el diputado del Partido Popular por Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, propugnan cambios en la legislación del suelo, de vivienda, de jurisdicción contencioso- administrativa y en la ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas para revertir la situación de crisis grave y urgente que tiene ahora mismo la vivienda. “Nuestras iniciativas en el Congreso y Senado convergen con todo el sector y con los consejeros de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular”, declaran.
Anuncian que el PP va a solicitar el apoyo de los grupos parlamentarios de ambas cámaras para romper la tendencia de crecimiento de precios y escasez de oferta. “La Ley del Suelo no se puede desligar de la de Vivienda. La primera ha provocado el estrangulamiento del mercado inmobiliario, el encarecimiento de los precios y el desfase entre oferta y demanda”, estiman.
Asimismo, informan que el proyecto de reforma del PP incluye la derogación del Índice de alquileres y la puesta en marcha de la Ley contra la Ocupación Ilegal. Consideran que la propuesta, además de dar seguridad jurídica al planeamiento, promueve el urbanismo responsable para que la inacción de la administración no perjudique a los ciudadanos y exige la aplicación del principio de eficiencia en la emisión de informes. También limitará tanto la nulidad por vicios formales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas como la impugnación de instrumentos y actos por intereses espurios. “La reforma de estas normas otorga cobertura jurídica al Plan de Vivienda del PP, que se articula en cuatro ejes: oferta, demanda, apoyo al sector y protección a las familias; y es el resultado de meses de trabajo y más de cuarenta reuniones con el sector”, recuerdan.
De igual modo, señalan los diputados ciudadrealeños del PP que la reforma de Ley del Suelo intentará desbloquear planes urbanísticos paralizados desde hace años por pequeños defectos formales que nada tienen que ver con las garantías de edificación segura, así como reducir los tiempos de construcción. Por otro lado, anuncian que también es una prioridad combatir precios y ocupación ilegal: “La ley de Vivienda que el Gobierno logró aprobar con sus socios Podemos, ERC y Bildu, blindó el control de los precios y la tolerancia con la ocupación ilegal, lo que ha provocado años de desprotección en pequeños propietarios de una única segunda vivienda.”, denuncian.
Por último, lamentan que la actual ley de vivienda, “que ya recibió el rechazo unánime de CCAA, ayuntamientos o Consejo General del Poder Judicial”, haya generado más de un año y medio de inseguridad jurídica, ahuyentado la inversión, reducido la oferta de alquileres y criminalizado a los propietarios.
