El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado en un comunicado la rebaja de la calificación de la deuda de la región que ha hecho pública la agencia de ‘rating’ Moody’s. En concreto, la compañía de calificación de riesgo ha variado la deuda de Castilla-La Mancha desde el nivel A3 al que la situó el mes de julio pasado al nivel Ba2. Cabe recordar que el nivel de solvencia de la región sigue siendo alto y la probabilidad de impago es prácticamente inexistente, según los estándares de Moody’s.
En el informe hecho público, la agencia resalta que la situación en la que ahora se encuentra Castilla-La Mancha es consecuencia directa de la gestión del Gobierno anterior, liderado por el socialista José María Barreda. “Las deficiencias en la contabilidad y los controles inadecuados han fomentado ineficacias dentro de la Administración, que fue incapaz de proporcionar estimaciones adecuadas de su ejecución financiera durante el último año”, aseguran los analistas de Moody’s.
La agencia de ‘rating’ también destaca el debilitamiento estructural y substancial de los principales estados financieros, “como resultado”, según Moody’s, “de la aparición de extensos déficits inesperados y de sus obligaciones comerciales como consecuencia de una auditoría de sus cuentas”. Se refiere aquí a las cifras ocultas de la región, que se constataron el pasado 12 de septiembre tras el informe de la Sindicatura de Cuentas y que situaban la deuda de Castilla-La Mancha en 2.813,7 millones, 200 millones más de lo calculado por el propio Gobierno regional nada más acceder al cargo.
La agencia basa su informe crediticio en las dificultades de la Junta de Castilla-La Mancha para reducir el déficit en términos presupuestarios, que a 30 de junio de este año (en el momento en que tomó posesión el nuevo Gobierno de Mª Dolores de Cospedal) se situaba en el 6,1%, según se desprende de los datos del informe de la Sindicatura de Cuentas. La proyección, siguiendo esa tendencia, sería de un déficit superior al 12% a cierre de 2011, teniendo en cuenta que las obligaciones de pago son siempre mayores en el segundo semestre del año. Sin embargo, la previsión de la Junta de Comunidades es que se cierre el ejercicio con un déficit por encima del 9%, lo que supone una reducción de un 50% respecto al acumulado de junio.
En todo caso, el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere recordar que «la cifra de déficit de la región prevista al cierre del ejercicio es coincidente con las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, que en todo momento ha estado informado de la precaria situación de las finanzas de Castilla-La Mancha».
En su informe anterior, del mes de julio, la agencia crediticia diferenciaba entre dos tipos de regiones: aquellas con doble A en su calificación, y las que incluían una sola A en su calificación crediticia (Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia). Estas últimas, según Moody’s, “se desviaron ampliamente del límite de déficit el año pasado y se espera que vuelvan a tener graves dificultades para controlar sus déficits en 2011”. Es decir, Moody’s ya anticipaba hace tres meses que iba a ser difícil el cumplimiento del objetivo de déficit, a la vista de las cifras de junio.
La bajada de la calificación de España, que Moody’s también ha anunciado hoy, tiene un efecto directo en la calificación de las Comunidades Autónomas. Al rebajar la deuda del reino, produce un efecto “cascada” en todas las CCAA, ya que no se considera procedente que una región tenga una nota más alta que el conjunto de España.
“Plan de ahorro ambicioso”
La agencia Moody’s vuelve a situar el rating de Castilla-La Mancha bajo revisión, aunque considera que hay probabilidades de que se logre enderezar la situación. “Teniendo en cuenta que el nuevo Gobierno regional elegido en mayo ha elaborado un plan de ahorro ambicioso –contemplando la reducción de los gastos corrientes en el 20% aproximadamente antes de finalizar el ejercicio 2012-, durante la revisión se examinará la viabilidad de las medidas propuestas”, afirma la agencia.
El nuevo Gobierno autonómico ha puesto en marcha el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, basado en la austeridad y en el control del gasto. Este documento será la base del Plan Económico-Financiero 2012-2014, que se presentará de forma inmediata a la aprobación de la Cuenta de 2010, que se debe llevar a cabo en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En este sentido, la Junta recuerda que la mayoría de las comunidades autónomas ya han solicitado la celebración del Consejo, aunque el Ministerio de Economía y Hacienda no ha dado aún fecha para la reunión. En él se deben adoptar también decisiones de gran trascendencia para las comunidades, como los ingresos transferidos por el Estado que les corresponden para el año 2012 y otros recursos financieros, datos imprescindibles para elaborar los presupuestos.
