Una de las primeras decisiones de la flamante Presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes nada menos, ha sido elevar la marca de un conocido bolígrafo a la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC).
Bromas aparte, detrás del inicio del expediente de declaración de BIC de la fiesta de los toros en Castilla-La Mancha no está la preservación de la especie como muchos hipócritas argumentan (¿se imaginan que para conservar el lince ibérico se organizaran cacerías en cotos cerrados?) porque para ese fin se me ocurre, dentro de una lógica parecida, pagar la carne a su justo precio de crianza. Tampoco entra en cabeza ni en corazón humanos con un mínimo de sensibilidad que un gobierno pueda llamar cultura al asesinato o maltrato público de un animal que, al menos estadísticamente, casi siempre se lleva la peor parte.
Como el título de esta reflexión sugiere, la auténtica intención del nuevo gobierno de Castilla-La Mancha ha sido declarar los toros y su mundo como Bien de Interés Comercial, hecho con el que se puede estar más o menos de acuerdo, pero que deben reconocer abiertamente y sin complejos.
Porque no han tenido ningún complejo en atacar el Bien de Interés Cultural por excelencia de cualquier sociedad avanzada que se precie: la educación, bajo la apariencia de un «Plan de garantía de los servicios sociales básicos» que va teniendo su réplica en otras comunidades autónomas y municipios. ¿O es que el Partido Popular entiende que los servicios sociales no incluyen la enseñanza y se limitan a la mera asistencia, como la antigua beneficencia?
Personalmente, me parecieron un insulto a la inteligencia las palabras del portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha al afirmar que la mayoría de los ciudadanos de nuestra región están de acuerdo con los recortes presupuestarios (*).
Recortar en Educación no es recortar un gasto, sino constreñir una inversión en el futuro que protagonizarán nuestros hijos con más o menos habilidades en función de los recursos que hayan sido puestos a su disposición durante su formación académica y personal.
Y en eso no puede estar de acuerdo la mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
El profesorado en el conjunto de cada centro da de sí todo lo que puede para que la enseñanza sea de la mejor calidad, para administrar los recursos escasos de forma óptima y para superar los conflictos de manera constructiva. Si esto no es así en algún caso particular la comunidad educativa de la que todos formamos parte y en la que debemos sentirnos concernidos dispone de los mecanismos para atender todas las necesidades y responder a las situaciones difíciles mediante la promoción de las personas y el estímulo a los profesionales.
Quiero decir que no sobran profesores, para que ahora se prescinda de muchos de ellos alegremente sobrecargando a los que quedan, que no trabajarán por ello más horas pero sí se reducirá la atención a nuestros hijos en lo que se refiere a dimensiones no necesariamente académicas, sino educativas en sentido amplio y en las que las familias tenemos mucho que decir y mucho más que contribuir, seguramente.
Recortar en gasto social puede parecer imprescindible debido a la penuria económica (en realidad es lo más fácil), pero visto detenidamente enseguida caemos en la cuenta de que a quienes primero perjudica es a los ciudadanos y a sus familias más desfavorecidos, y esto se detecta especialmente en Educación.
Concluyendo, da la impresión de que para el Partido Popular todas las políticas públicas son reducibles a una dimensión meramente economicista y cortoplacista que olvida a las personas o, en el mejor de los casos, las deja en un segundo o tercer plano de importancia si no pueden pagarlas. En el caso concreto de la Educación, y tras las manifestaciones de la maestra de Cospedal, Esperanza Aguirre, sobre el pago de determinados tramos educativos o sobre detraer recursos de la educación pública para destinarlos a la privada, para el Partido Popular se trata en realidad de otro Bien de Interés Comercial, y muy suculento, al parecer.
Por tanto, cualquier protesta que se haya llevado a cabo o pueda hacerse es poca con tal de conseguir contener esta marea hacia la desigualdad educativa para la que el PSOE ya fue poniendo los cimientos o, cuando menos, las excusas que ahora utiliza el PP.
(*) En materia de educación, los recortes en Castilla-La Mancha son los siguientes:
– Supresión del 75 por ciento de los puestos de Asesores de la Consejería de Educación, que volverán a ejercer labores de
docencia.
Optimización del gasto del personal docente. Ahorro: 137 millones de euros
– Aumento de 2 horas lectivas semanales más en los profesores de secundaria, con lo que pasarían de impartir 18 horas a 20
horas. Los profesores de infantil y primaria pasarían de 23 horas a 25 horas.
? Otra medida es la reducción de los centros de profesores y recursos (CEP Y CRAER) de 33 centros actuales a 1. Ahorro: 28
millones.
– Eliminación del abono en concepto de vacaciones de julio y agosto para sustituciones de más de 5 meses y medio. En su
defecto, se abonarán las vacaciones de 22 días hábiles como interino si fue por curso completo, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante un año fue menor.
– Supresión de la convocatoria de 200 plazas anuales de “año sabático” para los docentes con más de 12 años de antigüedad.
– Asunción por parte de las consejería de educación de las funciones de la oficina de evaluación de Alcazar de San Juan.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
– Reducción de los gastos de funcionamiento asociados a la reestructuración de la red de centros de formación de docentes.
El ahorro estimado es de 5.550.000 euros.
