Ante las declaraciones del Consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, en las que anuncia la segregación de los alumnos según su esfuerzo y rendimiento educativo, UGT manifiesta su más absoluto rechazo y repulsa frente a una medida que atenta contra el objetivo de inclusión del alumnado y que favorece y propicia las desigualdades.
Nuestra organización aboga por dotar a los centros educativos de nuestra región de los medios materiales y humanos que faciliten la integración educativa y social en aras de conseguir una escuela pública de calidad para todos y todas. Las medidas del “Plan de Ajuste” que la Consejería quiere implantar unilateralmente ahondan en la generación de desigualdades y conllevan el deterioro de nuestro sistema educativo. No conseguiremos un sistema educativo que nos permita afrontar la dura crisis económica y financiera que nos azota despidiendo profesorado y disminuyendo el tiempo de atención que los alumnos y alumnas con más dificultades necesitan y demandan, así como de aquellos que, afortunadamente, presentan un mejor rendimiento.
Flaco favor haríamos al futuro de nuestra tierra si, en vez de ayudar y potenciar a nuestros alumnos, los segregamos y separamos en función de sus capacidades. La escuela pública es una herramienta fundamental para asegurar el progreso de todos nuestros hijos e hijas, y es tarea de las administraciones públicas garantizar el acceso y desarrollo a una educación que permita el progreso social, cultural y laboral, volvemos a insistir, de todos, y no exclusivamente de unos pocos.
Desde FETE-UGT consideramos que la idea del Consejero de desviar a los alumnos menos dotados a la Formación Profesional supondría desprestigiar esta enseñanza. Consideramos que la Formación Profesional, que en los últimos años se ha potenciado, debe ser una formación de calidad y prestigio, y no debemos olvidar que estas enseñanzas tienen en la actualidad mayores posibilidades para integrar laboralmente a nuestros alumnos y alumnas.
El Consejero de Educación debería, por tanto, garantizar este derecho, y no anunciar severos recortes en materia de personal y de recursos tal y como se está realizando, máxime cuando atenten contra un derecho básico constitucional: el derecho a la educación.
