El descontento de los farmacéuticos con la Administración regional por la demora en los pagos de los medicamentos dispensados es comprensible, como es de derecho que su malestar se haga visible y que se anuncien medidas de presión para cobrar lo que es de justicia. Pero tanto los profesionales de la Farmacia como la Junta de Comunidades están obligados a actuar con mesura y voluntad de acuerdo. El sector debe ser consciente de que está reglado y sujeto a normas que lo diferencian del resto, en virtud de su extrema responsabilidad social como garante de la salud y el bienestar. Por otro lado, la justificación del Gobierno regional, apelando sistemáticamente a la falta de recursos, esboza un inquietante escenario que puede convertir en odiosas ambas posturas, con una víctima final: el ciudadano.
En efecto, la amenaza de cerrar durante dos meses los establecimientos y menoscabar durante ese tiempo, en mayor o menor medida, el derecho ciudadano a la salud, constituye todo un traspaso de la línea roja tolerable que puede convertir en odiosa a la legítima causa farmacéutica y a la falta de reflejos de la Administración.
Ese anuncio, y las declaraciones posteriores de la Consejería de Salud, tienen varias lecturas.
Por un lado el Gobierno regional reconoce que en los próximos meses no podrá pagar, pero se compromete a hacerlo pasado ese tiempo. Una palabra de la que nadie tiene por qué dudar.
También hay que conjugar en este asunto que no todas las farmacias están en la misma tesitura, y que no es lo mismo la farmacia de un núcleo rural que el establecimiento ubicado estratégicamente en una ciudad; como tampoco es lo mismo el gran empresario farmacéutico que el recién instalado.
Pero la postura del Gobierno peca también de inmovilismo. La Junta achaca la actual situación al desastroso estado de las arcas públicas, pero tampoco hace nada para refrendar sus acusaciones denunciando ante los tribunales la negligencia con la que asegura que fueron gestionados los fondos públicos durante el Gobierno socialista.
En este contexto, da la sensación de que en ambas partes no hay voluntad, ni de diligencia ni de acuerdo. Porque antes de llegar a esa situación suponemos que no faltarán cauces que lleven a la solución, al menos parcial, del conflicto, bien a través de fondos detraídos por el Gobierno regional de otras partidas (si es que queda dinero) o, como se ha conocido, mediante la solicitud de créditos con el aval de las recetas sabiendo, como ha informado el propio consejero de Salud, que hasta enero no se podrá abonar lo adeudado. Además, ¿se ha barajado la posibilidad de que la Junta haga frente prioritaria y paulatinamente a la deuda de las farmacias más afectadas por la situación económica que no puedan aguantar hasta enero?
También cabe reflexionar sobre el papel de las cooperativas farmacéuticas y las empresas que suministran los medicamentos en un conflicto que, aunque viene envenenado por una intolerable herencia socialista, corresponde ahora a los actuales responsables políticos de la cosa pública gestionar y resolver.
Las farmacias no venden telas, ni calcetines, sino medicamentos prescritos por el médico, en gran porcentaje solicitados por la tercera edad y sin cuya expedición el sistema de bienestar se resiente. No es de recibo que un problema sectorial agrave la ya delicada fragilidad de los derechos sociales. De modo que es obligación del Gobierno regional esforzarse al máximo para evitar que la situación se desboque, aunque es comprensible que si los farmacéuticos persisten en cerrar sus establecimientos por dos meses, los gestores públicos, una vez agotadas todas las vías, se vean obligados por pura
lógica a aplicar la ley en su justa medida y correspondencia a la gravedad del problema causado.
Dejar sin las pastillas necesarias a un paciente durante un periodo de tiempo tan prolongado puede acarrear daños irreparables, por más que se afine en la dispensación mínima obligatoria. Una cosa es la defensa de los intereses sectoriales y otra el interés general. Y si es la salud lo que está en juego, no hace falta discutir demasiado.
Si la Junta debe dar señales de movimiento inminente, los farmacéuticos tendrán que ajustarse a las circunstancias y, si cabe, esperar su turno. Ellos no son los únicos acreedores de la Junta, pero su capacidad de maniobra sí lo es (como en el caso de los controladores aéreos, salvando las distancias) y por tanto tendrán que actuar con responsabilidad.
En todo caso, habrá que remitirse a lo que marque la Ley, como corresponde a un estado de Derecho. Aunque, como se ha comprobado con harta frecuencia, España es un estado atípicamente de Derecho.
