La gente puede llegar a ser muy ambiciosa. El casino y los juegos de apuestas se inventaron para que la gente se jugara su propio dinero con la esperanza de obtener suculentas ganancias; o en el peor de los casos, para salir de una pobreza inquietante. En alguna ocasión se puede ganar, sí, pero lo que es indiscutible es que, siempre, quien gana es la banca. Es simplemente la regla matemática de la probabilidad, la de acertar 1 entre X posibilidades (donde X>1). En la vida cotidiana, la banca y los poderes económicos son también quienes siempre ganan. La oligarquía no se ha visto especialmente incomodada ni por el sistema, ni por los vaivenes políticos para alcanzar sus niveles de poder y riqueza. Solo se trata de incentivar o de presionar a los contrapoderes políticos para favorecer los intereses de las grandes empresas. Pero su competitividad y su ambición no tienen límites, y el momento actual presenta oportunidades quizás nunca vistas. Una lectura crítica de la primera parte de este artículo, Poderes y contrapoderes, podría denotar una cierta incoherencia, donde no parece haber demasiada conexión entre el poder económico de las grandes empresas, el contrapoder del estado, la marea de indignación popular del 11M, la posterior ola reaccionaria o la geopolítica que se mencionan, ni tampoco se explica del todo cómo se sustancia la amenaza anunciada; una relación que merece ser razonada con más detalle.
En todas partes, los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la gente normal. El Tribunal de Justicia de la UE tardó demasiado tiempo en resolver que Puigdemont pudiera ser juzgado en España. Hace un año, Luis ”Alvise” Pérez se jactó de pregonar que quería ser eurodiputado para eludir los pleitos que tiene en España por su actividad impúdica (financiación irregular, calumnias, desórdenes públicos…). Lo de los tiempos, los alineamientos y los modos de la Justicia en España, para según quién, merecería mucho más espacio del que cabría aquí. Pero el colmo ha sido el sobreseimiento de Donald Trump de todos los juicios que tenía pendientes, incluyendo el asalto al Capitolio y la sustracción de documentos secretos para llevárselos a su casa; o sea, como beneficiarse en lo privado de lo público. Es el ejemplo más claro de hasta qué punto prevalece el poder de la oligarquía frente a la ley, y señala hasta qué punto se puede sobrepasar, y se sobrepasa cada vez más, cualquier límite con total y absoluta impunidad. Donald Trump es la brújula que marca al mundo la ruta a seguir.
Trump tiene una legión de seguidores, que necesita a este héroe librado de la muerte por voluntad divina, nada menos que un anti-stablishment, para hacer a América grande de nuevo (Make America Great Again-MAGA) y hacer así un poco más prósperas sus vidas. Resabiado por su vejez y su experiencia previa en la presidencia, va anunciando, sin tapujos y a cuentagotas, la composición de los cargos más relevantes del país: secretarios de estado (ministros), jefes de la CIA, del FBI, de la Comisión de Bolsa… Un esperpento hecho realidad, donde caben negacionistas, multimillonarios, guerrilleros, ultrarreligiosos… para llevar a cabo los objetivos del Proyecto 2025, la agenda ultraliberal de la Heritage Foundation.
Creo que el quid de la cuestión está principalmente en el dilema de la regulación o no del mercado y la actuación al respecto de los contrapoderes. Hasta hace poco, el dinero estaba exclusivamente regulado por organismos internacionales avalados por los estados; y en eso, llegaron las criptomonedas. No es riqueza proveniente de la producción, ni del PIB, sino de la libre especulación sin regulación alguna. La subida o descenso del valor del bitcoin no depende de la marcha global de la economía, ni de las aportaciones de infinidad de pequeños inversores, sino de los intereses de las “ballenas”, o sea, los grandes inversores que pueden hacerlo subir hasta un 12.000%, o desplomarlo un 50% como hizo George Soros en 1992 con la caída de la Libra esterlina inglesa. Pues bien, recientemente, el valor de las criptomonedas ha subido su valor a 100.000 $ (cuando en 2021 su valor era de 30.000$) desde que Trump ha anunciado la apuesta del nuevo gobierno por ellas. Los beneficios inconmensurables que han obtenido Trump, Elon Musk y compañía no se han hecho esperar. Éste es otro ejemplo de cómo la desregulación ayuda a que los ricos se hagan cada vez más escandalosamente ricos.
Entonces, imaginemos por un momento cómo podría ser el mundo sin la intervención de esos organismos reguladores independientes de los estados que funcionan como contrapoderes. Imaginemos ahora el efecto de una inflación desbocada, como consecuencia de la incapacidad para controlar el precio de las cosas. Bueno, basta con indagar en la reciente historia de Argentina, y cómo ha llegado al poder y lo ejerce un personaje tan disparatado como Javier Milei. Aunque tampoco hay que ir a un escenario ficticio, basta con comprobar el problema de la vivienda en España para ver las consecuencias de un mercado que, a pesar de que el vaivén de los precios afecta al IPC y a los datos de crecimiento económico, se resiste a su regulación de una manera insoportable para quienes lo padecen.
La fuerza de un estado no se mide por la de sus fuerzas armadas o de orden público, sino por la de su economía y la forma en que toda la población participa de su desarrollo y su beneficio personal. Es verdad que a todos nos fastidia pagar impuestos, y nos da alegría pagar menos. Pero ese mantra de que, antes que en las arcas públicas, el dinero en el bolsillo favorece la economía del país y los servicios, además de falso, no beneficia a todos por igual, porque en un estado de derecho la fiscalidad es progresiva: quien más gana, más paga… Tema aparte es lo que pagan empresas y autónomos. Por tanto, aunque afectaría más a los que más tienen, se extiende la idea (sobre todo en determinados medios) de que esa afectación sería igual para todos. Además hay una premisa fundamental: cuanta mayor precariedad social haya, mayor beneficio obtendrán las capas sociales más altas.
Mientras que para un estado la cobertura de los servicios públicos constituye la base del sistema social, para las empresas, la gestión de esos mismos servicios públicos es una oportunidad inmensa de negocio. La intrusión de estas entidades privadas en la gestión de lo público solo es posible por voluntad del contrapoder de las administraciones públicas, mediante la privatización de dichos servicios o su participación incentivada en la oferta pública. Para eso, hay que minimizar la recaudación de impuestos y revisar a la baja los criterios de intervención económica de dichas administraciones. En este escenario de precariedad en la administración, se trata de deteriorar los servicios públicos hasta lograr su desmantelamiento y mercantilizarlos (centros educativos, comedores, servicios y centros sanitarios, residencias de ancianos, guarderías, universidades, servicios de ayuda a los más desfavorecidos, cultura, etc.). Este es el modelo ultraliberal que se viene aplicando en los gobiernos de la Comunidad autónoma de Madrid desde hace muchas legislaturas; modelo que el PP exporta a otras comunidades, y que tuvimos oportunidad de conocer en Castilla-La Mancha durante el mandato de Mª Dolores de Cospedal, con sus equipos provenientes del laboratorio neoliberal madrileño.
Sigamos. La desregulación del mercado y la participación de las empresas en sectores estratégicos, que favorecen a las grandes fortunas y desfavorecen a las capas sociales media y baja, solo se pueden conseguir a través del poder político. Dicho de otro modo: para dar más pábulo a las ambiciones de la oligarquía, se necesita la connivencia del contrapoder político. Es entonces cuando hay que usar a los partidos afines al pensamiento neoliberal y conquistar a los sufragios. A la gente no se le convence hablando de economía, sino con mensajes simplistas de la representación del bien y del mal en las opciones políticas. Se trata de confundir a la gente, y desde la derecha se deslizan o vomitan a diario contra los adversarios, tranquila e impunemente, mensajes de odio y epítetos de lo peor, como corruptos, ladrones, terroristas, asesinos, mentirosos, traidores, inmorales, desalmados, comunistas, dictadores… Del mismo modo se criminalizan a los colectivos de izquierda más significados: ecologistas, feministas, homosexuales, animalistas, ateos… A idéntica estrategia tóxica se aplican diariamente Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso (con la inestimable ayuda de su equipo) con el propósito de radicalizar la relación de la ciudadanía corriente contra el adversario político. En España, la presencia constante de estos mensajes en todos los medios afines (donde también participan administraciones públicas , la banca y grandes empresas en su financiación) es parte de la táctica empleada para dar normalidad a tal abominación, como sucede con las crónicas de las matanzas en las guerras. Una estrategia radical y extrema que aleja del centro político al Partido Popular en su forma de actuar cuando está en la oposición, muy especialmente desde las últimas elecciones de 2023. Para los poderes económicos no se trata de que gane uno u otro partido, sino la suma de todos los que favorezcan sus intereses, cueste el daño social que cueste.
Finalmente, la llegada de la extrema derecha al poder (que sin duda alguna llegará) tampoco se notaría demasiado en la economía de la gente, por mucho que pueda afectar al aumento de la precariedad y la desigualdad. Sobre todo, afectaría a la contención de la protesta social ante eventuales abusos. Afortunadamente, el Estado ya no se necesita recurrir a la persecución física, las multas que se imponían contra los promotores de las manifestaciones en aplicación de la “ley mordaza” resultan suficiente y efectivamente disuasorias. Entonces, la amenaza, el peligro real, no es de índole económica, sino de convivencia. Da auténtico pavor, y cada vez mayor, resultar sospechoso o ser objeto de la diana de los ultras, como lo demuestra la impunidad de las actuaciones radicales de derechas contra miembros y sedes del PSOE en toda España o las manifestaciones en la calle de Ferraz de Madrid… para lo cual no hay contrapoderes efectivos. Quien pueda hacer, que haga (dijo Aznar).
