SEO/BirdLife ha anunciado, en nota de prensa, que después del verano solicitará que se retire la autorización de vuelos al Aeropuerto de Ciudad Real «debido al incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental». Según la organización ecologista, «SEO/BirdLife siempre ha mantenido que las medidas compensatorias a las que obligaba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) eran insuficientes para garantizar los valores por los que se declaró el espacio».
La organziación subraya que «incluso algunas de estas medidas eran obligaciones para Castilla-La Mancha, como la aprobación del plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Campo de Calatrava, donde se sitúa el aeropuerto».
Desde 1998, SEO/BirdLife viene denunciando que este aeropuerto no era viable desde el punto de vista ambiental y empresarial. La organización conservacionista ha manifestado en reiteradas ocasiones y en diversas instancias, la vulneración de varias directivas comunitarias y las irregularidades en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.
A pesar de todos los esfuerzos de SEO/BirdLife y de que la Comisión Europea había abierto un procedimiento de infracción contra el proyecto, las obras del aeropuerto se iniciaron en abril de 2004. Incluso ese mismo año, el Ministerio de Fomento ordenó la paralización de las obras, pero el aeropuerto obtuvo la autorización pertinente para el desarrollo de la actividad en diciembre de 2008.
SEO/Birdlife sostiene que «el aeropuerto fue construido sobre hábitat estepario de elevadísimo valor en el contexto europeo y mundial, destruyéndose zonas de cría de especies esteparias como avutardas, sisones, gangas y ortegas». «A pesar de que el daño ambiental es irreparable, desde SEO/BirdLife se espera que sea un claro ejemplo de mala gestión de los recursos y sirva para que las futuras grandes infraestructuras obedezcan a criterios sostenibles y sean correctamente evaluadas para frenar la destrucción de hábitats, una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en España», señalan los ecologistas. «Una vez más, nos encontramos ante un mal ejemplo de evaluación ambiental y ante una contradicción en la inversión de esfuerzos y recursos por parte de las administraciones», conlcuye la nota.
