El consejero de Empleo y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, ha informado de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) ahorrará 30 millones de euros con la reducción de altos cargos y personal eventual así como con la supresión del Defensor del Pueblo en Castilla- La Mancha y el Consejo Económico y Social.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras el consejo de Gobierno, el portavoz regional ha explicado que la reducción de personal eventual que se aprobado por decreto hoy conllevará un ahorro de 3.048.000 euros anuales, es decir, algo más de 12 millones de euros.
Asimismo, Esteban ha añadido que esa cantidad sumada al ahorro que ha supuesto a la administración regional la reducción de altos cargos asciende a un ahorro de 25 millones de euros. «Por último, si a esta cantidad se añade el ahorro que supone la supresión del CES, 1. 113.730 euros anuales, y del Defensor del Pueblo en Castilla- La Mancha, el ahorro total está en el entorno de los 30 millones de euros».
“Una cantidad suficientemente importante y que supone una medida de contenido real y cuantificada que los ciudadanos esperaban y que el gobierno regional destaca por su valor la racionalización de recursos públicos y en la despolitización de la administración”, ha afirmado.
Supresión del Defensor del Pueblo
En este sentido, Esteban ha afirmado que el Consejo de Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Supresión el Defensor del Pueblo de Castilla- La Mancha.
Sobre este asunto, el consejero portavoz ha explicado que cada procedimiento iniciado por el defensor del pueblo de Castilla- La Mancha supone un coste de 2563 euros, es decir casi siete veces más, de lo que conlleva el trámite de cada queja por parte del Defensor del Pueblo estatal cuya cifra media se sitúa en 437 euros.
Asimismo, Esteban ha calificado de “elocuentes” la diferencia de datos entre el volumen de gestión de ambas instituciones, ya que, si bien el Defensor del Pueblo estatal, con una plantilla que no supera las 200 personas atiende 34.000 quejas, el Defensor del pueblo en Castilla – La Mancha dispone de una plantilla de 28 personas para gestionar 1171.
Por ello, a su juicio, “estas cifras revelan por sí mismas la necesidad de acometer una reforma legislativa que conllevará la supresión de la figura del Defensor del Pueblo en la región”.
Supresión del CES
En este orden de cosas, Leandro Esteban también ha afirmado que el Consejo de Gobierno también ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Supresión del Consejo Económico y Social (CES), una decisión que supondrá un ahorro de 1. 113.730 euros anuales.
Además de ahorro en términos económicos, Leandro Esteban ha destacado la desvirtuación que se venía haciendo de las funciones de este órgano, ya que si bien el CES tenía por objeto en su ley constitutiva informar de aquellos asuntos y proyectos de ley con claro contenido económico y social en la región, esta institución no emitió informa alguno sobre asuntos que de esa índole.
En este sentido, Esteban ha explicado que el CES no emitió informe alguno en el ámbito legislativo, porque así lo quiso la mayoría parlamentaria y el anterior gobierno del PSOE, sobre la reforma de la Ley de Cajas en Castilla- La Mancha, sobre la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística en la región, sobre la legislación aplicable a Radio Televisión de Castilla – La Mancha, ni sobre la reforma o modificación de la Ley de caza.
Es decir, en opinión del portavoz regional, “se estaba incumpliendo su propio objeto fundacional y se estaban duplicando funciones con respecto a otros órganos nacionales”. Por ello, “el Gobierno regional considera que en un momento en el que no estamos para fiestas y despilfarros, lo más aconsejable es suprimir una institución que no estaba cumpliendo con su propio objeto social”, ha asegurado.
Asimismo, el consejero portavoz ha explicado que estos dos proyectos serán objeto de informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Cargos eventuales
Por otra parte, Esteban ha anunciado que hoy se aprobado el decreto por el que se modifica la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la administración de la Junta de Comunidades. De esta forma, Esteban ha explicado que “si hasta este momento el número de eventuales ascendía a 134, ahora quedarán reducidos a 80, es decir un 40 % menso e cargos políticos”.
“Esa eliminación de cargos supone una despolitización de la administración, que los profesionales de la función pública adquieran más protagonismo y tomen más decisiones, una mayor racionalización de los recursos en materia de personal”, ha subrayado.
