El nuevo presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Construcción de Ciudad Real (APEC), José María Cabanes ha advertido a las administraciones públicas su «preocupación» por «la morosidad que sufren las pequeñas y medianas empresas del sector en la provincia». «Sin duda, el sector de la construcción puede ser uno de los sectores más afectados por la morosidad de las administraciones y empresas públicas, con demoras en los pagos que en muchos casos superan los doce meses», señala en un comunicado.
A este respecto, APEC Ciudad Real hace una valoración positiva de la nueva línea ICO, «que tiene el objetivo de que los Ayuntamientos hagan frente a los pagos a sus proveedores», y por ello apela a la «responsabilidad de los consistorios para que se acojan a esta ayuda que puede suponer la supervivencia de muchas pequeñas empresas, asfixiadas por la falta de liquidez». «Junto a esta línea de ICO, es importante también la utilización de instrumentos habilitados para garantizar los pagos, ya sea a través de las sociedades de garantía recíproca o del Instituto de Finanzas de Castilla La Mancha», señala Cabanes.
El presidente de APEC ha querido hacer especial hincapié en el «perjuicio» que para la PYME supone «la actual legislación sobre el IVA, que hace que el empresario tenga que hacer frente al pago del impuesto sin haber cobrado la factura». Por ello, desde APEC se reclama con urgencia un cambio normativo «inmediato» que «no se puede demorar más en el tiempo, con el consenso de los partidos políticos, y en aras de la supervivencia de muchas empresas, máxime cuando el próximo 20 de octubre las empresas deben realizar los próximos pagos de impuesto, adelantando así un dinero que no saben si cobrarán».
Según Cabanes, «en la actualidad, el plazo medio de pago de las Administraciones Públicas a contratistas y proveedores es de 154 días -el segundo más alto de la UE sólo superado por Grecia – frente a una media europea de 62 días. Y esto es sólo la media, porque los datos que manejan las asociaciones empresariales muestran cómo algunas comunidades autónomas están pagando con más de un año de retraso y muchos ayuntamientos a más de 600 días. Todo ello, a pesar de que la conocida como Ley de Morosidad, aprobada en 2010, establece que las Administraciones deben pagar en un periodo máximo de 50 días a sus proveedores».
