El medio rural español aún conserva algunos déficits que conviene ir haciendo desaparecer. Uno de ellos es la existencia de importantes desigualdades entre el hombre y la mujer. Desigualdades que tienen que ver con la administración de los derechos económicos de las explotaciones, con la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, con la existencia de una brecha salarial muy desfavorable para las mujeres, con el acceso a los puestos de responsabilidad y representatividad, o con el nivel de prestaciones sociales especialmente en relación a la jubilación.
Es evidente que en el campo español se mantiene una cierta masculinización que no es defendible en los tiempos que corren. El hombre es el titular de los derechos económicos de las explotaciones agrarias en el 71,2 % de los casos aún cuando sus cónyuges o parejas de hecho trabajen en ellas, dicho de otra manera, no llegan al 30% las mujeres que son titulares de derechos. El hombre suele ser su representante legal, el que ostenta los derechos de la PAC y los relacionados el cobro de la pensión en edad de jubilación. Es una situación que es urgente cambiar.
Es por ello que las mujeres rurales vienen pidiendo a la administración, desde hace años, que promueva iniciativas legales que favorezcan la igualdad real y ha sido ahora con el Gobierno actual cuando se ha presentado en las Cortes Generales un Proyecto de Ley para favorecer la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. El proyecto se encuentra actualmente en su tramitación y me cabe el honor de ser ponente del mismo. La Ley verá la luz próximamente con un amplio consenso político y social y dará solución a muchos de los temas planteados por las mujeres rurales.
La ley supondrá un gran avance en el objetivo de la igualdad y concretamente: En el acceso de la mujer a la titularidad de derechos económicos y sociales relacionados con el ejercicio profesional de agricultor. En la inclusión de la mujer en el sistema de seguridad social. En la calificación de estas explotaciones de titularidad compartida como prioritarias de acuerdo con la Ley 19/1995 y por tanto de los beneficios fiscales y laborales que ello conlleva. En el acceso a un NIF único que anteriormente no era posible y ahora será un incentivo económico importante. En el acceso preferente a distintos programas de ayudas para la modernización y especialmente para la formación y asesoramiento.
Creo que en este caso la política está haciendo justicia con un colectivo, el de las mujeres rurales, que se merecen nuestro reconocimiento por su trabajo y por su compromiso con el fortalecimiento del medio rural y de su actividad principal que es la agricultura.
