La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, advierte sobre las consecuencias del aumento de cargas burocráticas que deben asumir los Equipos de Orientación y Apoyo y Departamentos de Orientación de los centros educativos con la gestión de los módulos de inclusión educativa en la plataforma Delphos.
La Consejería de Educación ha puesto de plazo hasta mayo de 2025 para grabar todos los informes de evaluación psicopedagógica y dictámenes de evaluación realizados en los cursos anteriores, con especial prioridad con el alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEAE), informa el sindicato en nota de prensa.
Este proceso, ideado para la mejora en la gestión, intercambio y consulta de la información, «está provocando todo lo contrario y amenaza incluso con desviar durante el presente curso a los orientadores de sus funciones esenciales en la atención a este tipo de alumnado ante la ingente cantidad de información que se debe proporcionar a la plataforma».
Es más, dice el sindicato, «los orientadores también deben cumplimentar los apartados requeridos referidos a la situación actual del alumnado, incluyendo el nivel de competencia del alumno, la previsión de medidas de inclusión educativa y la previsión de recursos materiales, personales y servicios complementarios».
CSIF requiere más apoyos en las aulas para atender a los ACNEAE: en el curso 2022-2023 había 27.232 alumnos con necesidades especiales en Castilla-La Mancha, un 44% más que diez cursos atrás.
«En lugar de incrementar los recursos para la inclusión educativa, la Consejería carga de trabajo a los orientadores y al resto de docentes, que no pueden hacer frente a su verdadera labor», añaden.
Con motivo del Día de la Enseñanza de Castilla-La Mancha, cuyo acto institucional se celebra hoy en Valdepeñas (Ciudad Real), CSIF quiere subrayar que la educación pública «sufre recortes que afectan a su calidad y a la propia labor educativa que llevan a cabo los docente»s.
Para su reversión es preciso reducir la carga lectiva a 18 y 23 horas lectivas en Enseñanzas Medias y Maestros, respectivamente, con el consiguiente aumento de horas complementarias para atender todas las tareas que requiere la profesión docente actualmente; la bajada de las ratios máximas (15 alumnos en Infantil; 20 en Primaria Secundaria y ciclos de Formación Profesional; 25 en Bachillerato y 12 en ciclos formativos de Grado Básico); el cobro del verano para interinos a partir de cinco meses y medio trabajados; la reducción de la carga lectiva sin pérdida de remuneración para los mayores de 55 años o poner fin a una intolerable carga burocrática que afecta a todos los docentes.
