(El término aporía, del griego ἀπορία, ‘dificultad para el paso’, hace referencia a los razonamientos en los cuales surgen contradicciones o paradojas irresolubles, en tales casos las aporías se presentan como dificultades lógicas casi siempre de índole especulativa.)
Decía José Luis Arrese, desde su llegada al Ministerio de Vivienda recién creado en 1957, tras su paso por la Secretaría General del Movimiento, que “quería un país de propietarios y no de proletarios”.
Para lo cual, aspiraba a revertir la situación del régimen de tenencia de la vivienda en España, que en sólo 10 años pasó del 20% en 1940, al 43% en 1960, llegando posteriormente, en 1970 al 70% y en 2001 al 80%.
Años –los que transcurren entre 1943 y 1964– en que se construyen en España 1.543.325 viviendas libres y protegidas. Siendo ésta últimas –en cualquiera de los cinco regímenes de actuación pública– el 90,0% del total.
Incluso, el inciso de 1962, cuando el secretario General de INV, Salgado Torres, anunciaba la construcción de 1 millón de viviendas en el plazo de 10 años y dentro del Plan Nacional de Vivienda de 1961-1976.
Cuando hoy el futuro de los jóvenes españoles es el de ‘proletarización de la propiedad inmobiliaria’ más absoluta.
Incluso, la afirmación de Jaume Collboni, alcalde Barcelona, en el foro World in progress el pasado 15 de octubre, señalando que “la falta de vivienda amenaza la democracia”.
Una pobreza inmobiliaria que proletariza a muchas capas sociales, sobre todo jóvenes, y que ha estallado en las narices de los responsables políticos, superados por la sacudida.
Todo ello retratado en el editorial de El País del día posterior, el 16 de octubre. Más ambición contra la crisis inmobiliaria. Donde deja ver que “el parque público estatal de viviendas en España solo ha sumado 244 inmuebles desde julio de 2023. Según el Gobierno hay más de 59.000 viviendas para alquiler social en desarrollo, a las que sumar 14.000 viviendas de la Sareb y otras 10.400 del Fondo Social de Vivienda”.
Esas 244 viviendas –aunque las cite como inmuebles– son similares en su entidad cuantitativa, a las viviendas públicas en Castilla-La Mancha propiedad de la Consejería de Fomento: 5.200 unidades en la región.
Cuando las necesidades reales de producción deben dar respuesta a la creación de 200.000 nuevos hogares. Y frente a ello, sólo se construyen un promedio de 57.000 viviendas anuales.
Los datos del suplemento Vivienda la gran crisis (El País, 13 octubre) dejaban ver que las viviendas finalizadas en 2023 habían sido 39.320, frente a la creación de 221.198 nuevos hogares.
Cantidades de promoción inmobiliaria que contrastan con las 665.000 viviendas iniciadas en 2006 y las 530.000 en 2007. El preludio de la burbuja y de la crisis financiera.
Por su parte, Rishi Sunak, exprimer ministro del gobierno británico y candidato conservador en las últimas elecciones –que perdió sonoramente– tenía, o pretendía tener, un hondo calado inmobiliario. Aseveraba el mandatario británico –siguiendo a su antecesora Margaret Thatcher, conocida por su tenacidad antisindical y por su ultraliberalismo económico– que “quiere una nueva nación de propietarios”. Como un nuevo Arrese.
Todo ello, promovido a través de ayudas crecientes para acceder a la vivienda y transformar a los inquilinos actuales en propietarios futuros. Para lo cual proponía una batería de medidas muy destacadas, tan destacadas como poco creíbles y que ahora no podremos comprobar su eficacia.
Medidas tales como, construir 1.600.000 viviendas en los próximos 15 años, que supondrán 100.000 unidades más que las prometidas por los conservadores en 2019, sin responder, ahora, cuantas de las viviendas prometidas se han llevado a cabo.
También aceleraba Sunak sus propuestas, con 1.200 millones de ayudas a primeros compradores y la supresión del impuesto de compraventa, equivalente a nuestra figura fiscal del ITP –Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales–.
Ahora la reciente afirmación de Pedro Sánchez sobre que “No quiero un país de propietarios ricos e inquilinos pobres”, lo enlaza tanto con Arrese, como con Sunak.
Una rareza.
Entre nosotros, entre los años 1997 y 2007 la contribución de la construcción al crecimiento económico fue superior al 20%. Un 53% del aumento de la inversión se debió a la construcción que pasó del 12% al 15,5% del PIB.
De los más de 6 millones de empleos creados, el 23% lo fue en la construcción.
La vivienda, en particular, ha desempeñado un papel fundamental, aumentado su participación al PIB del 5% tradicional al 7,5%.
Los efectos de este proceso sobre el territorio han sido devastadores.
Según el proyecto Corin Land Cover, en 1987 y 2006 ha tenido lugar un consumo de suelo de 307.065 hectáreas, elevándose la superficie artificial de España a 1.107.400 hectáreas, un 2,01 % del total del territorio nacional.
El número de viviendas nuevas pendientes de venta está en torno a 800.000 unidades, pese a que solo se construyen unas 40.000 anuales, menos de un 5% de las que se construían en la fase expansiva (datos de 2013).
El consenso científico sobre las ventajas de la ciudad compacta se ha hecho prácticamente unánime en España, como en buena parte del mundo. Se vuelve la mirada a la ciudad existente con dos visiones distintas, no necesariamente opuestas entre sí: como un ámbito para crear nuevos empleos y como una oportunidad para cambiar la mentalidad sobre el urbanismo.
En la primera de estas visiones pueden inscribirse las propuestas de la CEOE y del COAM, que han pedido recientemente un plan general de rehabilitación, con una actuación sobre 250.000 viviendas al año.
De la actual crisis inmobiliaria pueden sacarse algunas conclusiones con objeto de poner fin a un modelo territorial y urbanístico que se viene mostrando extraordinariamente nocivo para la economía española en los últimos 50 años.
Entre 2006 y 2012 el sector de la edificación de nuestro país sufrió una caída de actividad del 90%. Ello ha supuesto el hundimiento de la demanda industrial y especialmente del empleo, con una pérdida de 1.400.000 puesto de trabajo entre 2007 y 2011.
Adicionalmente la explosión de la burbuja inmobiliaria ha sacudido la economía de los españoles, con un caída de su riqueza un 22% desde 2007.
Pero con este desplome se nos ha ido también un sector cuya reciente actividad ha comprometido gravemente la sostenibilidad de la sociedad española. 1º, económicamente, porque ha transformado y destruido nuestros sistema bancario. 2º, porque ha alimentado la corrupción de nuestro sistema institucional. 3º, ambientalmente, porque su actividad produce la destrucción del entorno.
La falta de viviendas sociales es una de las carencias más graves de este país. La OCDE indica que en España las viviendas sociales representan entre el 2 y el 3%. A años luz de Holanda, donde estas viviendas representan el 34%, o el Reino Unido y Francia que significan un 15%.
Los años de la euforia de la privatización han sido catastróficos. En España se han vendido más de 7 millones de VPO.
La misma cantidad de viviendas de PO construidas entre 1952-2022, fueron saldadas en el intervalo 2007-2012.
El abandono de la inversión publica ha agravado el problema. Durante el último mandato del PP (2012-2018) la inversión del Estado –cuya competencia mayor está transferida– en vivienda cayó desde los 820 a 481 millones de euros anuales.
Los datos del referido suplemento Vivienda la gran crisis (El País, 13 octubre) son apabullantes. El porcentaje de la vivienda social en España es del 2,5%; dos de cada tres jóvenes no pueden emanciparse; la evolución de precios de alquiler entre 2015 y 2023 ha sido del 158%, del 147 en la compraventa de inmuebles y del 117% en la evolución de los salarios.
Con todo ello, la respuestas es la apuntada por El Roto en su viñeta del 3 de septiembre de 2023. Al fijar: “Para resolver el problema de la vivienda propusieron ampliar los palacios”.
Que conecta con el famoso discurso del repetido Arrese en Málaga en 1941, cuando contraponía palacios y chabolas como formas de habitación extremas y contrapuestas. “Os prometen palacios y os dan chabolas”, venía a decir el falangista populista.
También con los datos publicados por el El País del 6 de octubre. “615 casas para 350 diputados. ¿Cuántas viviendas declara los parlamentarios ante el Congreso?”.
¿Problemas de la calle o problemas del Parlamento?
Pues bien 157 diputados han aportado más de una casa. Cuando el reparto nacional equitativo (población/parque de viviendas) arrojaría 1,83 habitantes por vivienda.
Otros invierten el reparto y titulan varias viviendas por cabeza.
Donde llamaba la atención la declaración de la titular de la cartera de Vivienda –que había pedido solidaridad a los propietarios–, con 7 bienes inmobiliarios (2 trasteros, 2 viviendas y 3 viviendas).
Casos similares podemos encontrar en el Gobierno regional y en el Parlamento regional de Castila-La Mancha. Con dotaciones inmobiliarias sorprendentes y llamativas.
El problema de la vivienda está en la calle, pero no en las sedes de los poderes públicos.
(Con datos extraídos de los trabajos de Manuel Martín Rodríguez y José Luís García Delgado, Territorio y ciudad para después de la crisis; 4 agosto 2013. Andreu Missé, Vivienda errores que matan, 16 enero 2003; Alberto Cuchi y Peter Sweatman, Por un nuevo sector de la edificación. 14 agosto 2013).
