Ramón Castro Pérez.- Trabajo en un instituto de educación secundaria. Todo el mundo conoce estos centros bajo el nombre de IES. En ellos se estudia educación secundaria obligatoria (ESO), bachillerato y ciclos formativos de grado básico, medio y superior. Es un centro de titularidad pública, lo que quiere decir que es la Administración la titular de sus instalaciones y, también, la encargada de mantenerlas y sufragar los gastos de personal que se devengan mensualmente.
En el centro donde trabajo nos congregamos, diariamente, 71 docentes y 7 efectivos de personal de administración y servicios. Atendemos a 656 alumnos, repartidos entre todas las enseñanzas. En Castilla-La Mancha, el sueldo medio de un docente (sin trienios ni sexenios) es de 2.808,19 euros brutos mensuales. Por otra parte, los ingresos que recibimos, anualmente, para afrontar los gastos de mantenimiento (calefacción, energía, etcétera) ascienden a unos 70.000 euros, aproximadamente.
Si todos los docentes que impartimos clase en el centro cobráramos el sueldo medio, descrito anteriormente (2.808,19 euros brutos mensuales), el coste anual, suponiendo 14 pagas, ascendería a 2.791.340,86 euros (2.808,19 x 14 x 71). Prescindamos de los sueldos del personal de administración y servicios.
Si a esta cifra añadimos los 70.000 euros anuales para mantenimiento de instalaciones y suministros, tendremos la renta anual del centro educativo, que asciende a 2.861.340,86 euros anuales. Repartiendo esta cifra entre los 656 alumnos, obtenemos el coste de la matrícula, 4.361,80 euros.
De esta forma, la secundaria y el bachillerato, por ejemplo, supone un coste por alumno de 26.170,80 euros para los seis años que se emplearía en la formación de un adolescente. Esta cifra se multiplicaría por el número de hijos que conformen la unidad familiar.
¿Cuántas de las familias que conocemos podrían pagar 4.361 euros por hijo y curso? No estamos contabilizando la amortización de la inversión inicial ni tampoco el resto de gastos que, para una familia, implica un curso académico (libros, excursiones, ropa, material fungible, etcétera).
¿Quién estudiaría si hubiera que hacer frente a 26.170,80 euros para completar una formación teórica media? Está claro que, en ausencia de educación pública, pagaríamos menos impuestos. Lo que no está tan claro es si decidiríamos invertir ese sobrante en nuestros hijos y en su educación.
¿Queremos vivir en una sociedad en la que sólo unos pocos inviertan en educación? La educación pública es un bien preferente porque sus bondades se extienden en el tiempo y porque los beneficios reportados a la sociedad son mayores que la suma de los beneficios individuales. Por eso es importante financiarla con impuestos y hacerla obligatoria para todos.
Cuidado. Que exista una educación pública no nos exime de peligros. El mayor de ellos es ignorar su coste ¿Queremos vivir en una sociedad que crea que la educación es gratis? ¿Deseamos vivir en una sociedad que no valore la educación? Esto nos lleva a lugares peores. Personalmente, me gustaría que, en las matrículas de ESO, bachillerato y formación profesional, apareciera el coste estimado de las mismas. Son 4.361 euros.
Ramón Castro Pérez es profesor de Economía en el IES Fernando de Mena (Socuéllamos)
