El candidato de IU a la presidencia de Castilla la Mancha, Daniel ha presentado hoy las propuestas de la organización en relación con la vivienda y el urbanismo en la región. Con datos en la mano se refería al reciente estudio del Ministerio de la Vivienda sobre la escasa diferencia de precios que existe entre la vivienda de renta libre y la pública, y ha asegurado que en algunas provincias las VPO tienen un valor más elevado que las de renta libre.
En este sentido, Martínez ha recordado que en los últimos cuatro años, el precio se ha incrementado en torno al 25 por ciento y que los jóvenes tienen que destinar un 114% de su sueldo a la adquisición de una casa.
«Además, en IU nos preocupa el descenso sospechoso en la cifra de demandantes de vivienda en el registro regional ya que ha bajado de 40.000 a 29.000 y sabemos que en Castilla la Mancha no se han entregado 11.000 viviendas. Por eso nos preguntamos si existe una manipulación o una mejora artificial de los datos para acomodarlos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías de la Vivienda para ahorra inversión y dinero”.
Daniel Martínez ha desgranado los nueve puntos del programa para buscar soluciones al problema de la vivienda y para que los precios se adecúen a y los salarios medios de los demandantes y a la situación de crisis y desempleo. Los puntos son nueve:
-Facilitar el acceso a una vivienda en condiciones dignas y asequibles para todos los ciudadanos.
-Reducir el precio de la Vivienda de Promoción Pública con un cálculo de los precios en función de la renta y no del mercado.
-Intervención pública en la planificación, promoción de VPO y una mayor presupuesto para su construcción.
-Un desarrollo urbano sostenible con la introducción de criterios de ahorro energético.
-Fomento del alquiler con la creación de un parque público de este tipo de viviendas dirigidas a los jóvenes.
-Impulso decidido de políticas de rehabilitación y regeneración urbanística para la creación de empleo.
-Movilización de vivienda vacía.
-Lucha contra el fraude en las trasmisiones de viviendas públicas para evitar enriquecimientos ilícitos.
-Potenciar las empresas públicas municipales de la vivienda que ese están viendo perjudicadas por los recortes del gobierno.
