Carmen Fúnez y Enrique Belda, diputados del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, han querido trasladar a la ciudadanía de la provincia el trabajo de su grupo, en los últimos meses, relativo a las competencias de la Unión Europea, contribuyendo como parlamentarios desde la perspectiva social y constitucional, respectivamente.
Así, han explicado que en la reunión de la Comisión Mixta de la Unión Europea, celebrada en el Congreso esta semana, el Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante sus iniciativas técnicas y políticas, lo que, a su juicio, pone en evidencia, una vez más, lo insostenible de prolongar una situación de minoría sin convocar elecciones: “no procede gobernar sin estabilidad parlamentaria”, han aseverado.
Entre las iniciativas técnicas, consideran del mayor interés para la provincia de Ciudad Real las encaminadas a asegurar la correcta vigilancia y ejecución de los fondos Next Generation, de los que, además, echan en falta para su evaluación en la provincia, una mayor información del Gobierno. “El Grupo Popular pide asegurar la plena ejecución de los fondos Next Generation, que se están abordando desde la administración central del Estado a través de una gestión caótica y torpe, como ejemplifica el hecho de haberse encomendado este asunto a tres directores generales en tres años, en una sucesión irresponsable”, han denunciado.
“No ha existido co-gobernanza con las comunidades autónomas porque todo se ha hecho al estilo de Sánchez y de Calviño, dando lugar a escándalos permanentes”. En este sentido, traen a colación las cartas de recomendación con la firma de la esposa del presidente para empresarios amigos, a los que se les han adjudicado cantidades millonarias, y señalan que “es urgente poner a disposición de las Comunidades Autónomas los más de 18.000 millones de los fondos Next Generation que el Gobierno ha sido incapaz de ejecutar hasta la fecha”, sosteniendo que sólo así podría corregirse la inactividad del Gobierno Sánchez en la materia.
Destacan, entre los temas políticos de repercusión en las instituciones europeas, que se han aprobado iniciativas para aumentar la presión internacional contra la dictadura de Maduro y frenar la injerencia rusa en las democracias europeas. “Es el turno de la comunidad internacional para presionar al dictador venezolano en el inicio de la transición del régimen a la democracia, y que cesen la tortura y la represión que se han incrementado desde la celebración de las presidenciales de julio”, recuerdan.
Además, se suman a las reivindicaciones de la comunidad venezolana en el exilio, que están trasladando habitualmente a la Unión Europea, sobre el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones, la liberación de todos los presos políticos y el endurecimiento de las sanciones a las personas relacionadas con el régimen, de forma directa o indirecta, así como un registro de sus bienes.
Respecto de la injerencia rusa en España, reflejada en la sublevación independentista de Cataluña desde 2017, apuntan que el Partido Popular reprocha al Ejecutivo que haga descansar la gobernabilidad del país sobre las espaldas de Puigdemont, fugado de la Justicia y con una relación acreditada con el régimen de Putin, reclamando al Gobierno que atienda el mandato de la Eurocámara para perseguir e investigar las relaciones de Putin con el independentismo catalán, al tiempo que piden medidas, en el seno de la UE, de refuerzo del marco normativo contra la desinformación y los casos de espionaje.
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