El sindicato CCOO ha denunciado el despido de 44 empleados de Cocemfe Toledo Servicios, cuya plantilla –integrada por 120 personas, 90 de ellas con discapacidad– han iniciado este jueves una huelga indefinida por el impago de los salarios de agosto y septiembre.
«Les han dicho que se cojan dos días de vacaciones para que tampoco intervengan en la huelga, que el lunes se les arreglará el problema, que cobrarán 20 días por año y se les pagará lo adeudado».
Así lo ha denunciado el presidente del comité de empresa y secretario de Acción Sindical de CCOO Toledo, Javier García Barroso, que, ante la situación «caótica, dramática, traumática» que vive la plantilla de este centro, ha pedido la mediación del Gobierno regional, para que «llame al orden a estas empresas y dé una solución».
A las puertas del centro, donde se congregaba buena parte de la plantilla, García Barroso ha explicado que la huelga que han iniciado este jueves lleva convocada desde antes del verano, aunque se ha aplazado durante más de tres meses confiando en «los compromisos de pago por parte de CTS, que ha venido incumpliendo».
Tras apuntar que Cocemfe Toledo Servicios inició un proceso de negociación que abría la posibilidad de que gran parte de la plantilla fuera subrogada por otro Centro Especial de Empleo, ha lamentado que finalmente las negociaciones no hayan cuajado.
«Si nos quedamos en este centro especial de empleo, que debe cuatro millones de euros, la Administración tiene que venir aquí, tiene que sacarnos inmediatamente de este atolladero», ha reclamado el presidente del comité de empresa y secretario de Acción Sindical de CCOO Toledo.
García Barroso, que ha defendido que los trabajadores no pueden iniciar el mes octubre sin ningún tipo de seguridad de que puedan cobrar las dos nóminas que se les adeuda, ha pedido que la empresa, si no es viable, libere a los trabajadores, para que de esta manera puedan tomar las acciones judiciales que crean oportunas y acudir en todo caso al desempleo para tener algún ingreso.
Dicho esto, y tras explicar que hasta 83 trabajadores y trabajadoras de CTS han demandado judicialmente desde hace meses a la empresa la rescisión de sus contratos, ha lamentado que CTS se embarcase en un proceso de negociación que abría la posibilidad de que gran parte de la plantilla fuera subrogada por otro Centro Especial de Empleo, negociaciones que finalmente no han llegado a buen puerto.
Por todo ello, y tras denunciar la utilización por parte de muchos Centros Especiales de Empleo con ánimo de lucro de la figura de los trabajadores con discapacidad, ha pedido al Ejecutivo autonómico que vigile y fiscalice las ayudas públicas que concede a estos centros, donde los trabajadores con discapacidad cobran el Salario Mínimo cuando realizan las mismas tareas que las otras personas que no tienen discapacidad, cuyos salarios sí están referenciados al convenio colectivo de su sector o de la propia empresa.
