La delegada de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha defendido que “no hay función más importante para las administraciones que la protección de las personas más vulnerables”, especialmente la protección de menores durante la etapa de la infancia.
Así lo ha puesto de manifiesto en la inauguración de la Jornada del 18 aniversario de la Asociación DIME celebrada en la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real con la asistencia de la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, el delegado provincial de Bienestar Social, Eulalio Díaz-Cano, el alcalde de Poblete y diputado provincial, Luis Alberto Lara, y los hermanos Juan y José Zapata, presidente y gerente respectivamente de esta entidad social.
En este marco, Blanca Fernández ha defendido que “gracias a que existe un Estado social, democrático y de derecho y la idea de justicia social, hay entidades especializadas que tienen buena voluntad y compromiso y que son la palanca necesaria para la protección de los menores y para acometer la transición hacia la vida adulta”, una función que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva a cabo en colaboración con este tipo de entidades.
Al respecto, la delegada provincial de la Junta ha reconocido que “no todas las familias son perfectas”, lo que provoca que haya niños y niñas que sufren desprotección, desamparo, abusos o violencia que necesitan de la intervención de las administraciones y entidades del tercer sector social.
Al hilo de esta reflexión, Blanca Fernández también ha advertido del riesgo de “tanta deshumanización e individualismo en el que se cuestiona la necesidad de tener que pagar impuestos para proteger a quienes son más vulnerables, por lo que se ha preguntado “si hay alguien más vulnerable que un niño o una niña que, a veces, a una edad muy tierna, se ve expulsado de la protección que debería tener en su familia”.
El riesgo de criminalizar la protección de menores
Precisamente con este argumento, la representante del Gobierno castellanomanchego ha aludido a la criminalización que se está haciendo de las políticas de protección de menores, incluso a los niños y niñas que están en protección. “Se está focalizando esa criminalización contra los ‘menas’, palabra que no me gusta y que son menores que vienen solos desde otros países, pero es que “en la provincia de Ciudad Real y en Castilla La Mancha la mayoría de los niños que tenemos protegidos son de aquí, han nacido aquí y necesitan la misma protección que nuestros hijos y nuestras hijas”.
Por ello, Blanca Fernández ha calificado de “imprescindible” todo el dinero que se destina a esta política social, cinco millones en el caso de la provincia de Ciudad Real a través de las 131 plazas de acogimiento residencial que “son esenciales para rescatar de alguna manera a esos niños y a esas niñas y darles la oportunidad de una vida normalizada”, para añadir a continuación que “nos gustaría que llegara un momento en el que la política de protección de menores no fuera necesaria”.
Apuesta por el acogimiento familiar
Por su parte, la directora general de Infancia y Familia ha destacado que “desde el Gobierno regional y desde las entidades apostamos por un acogimiento más familiar que residencial, pero hay situaciones que requieren que primero sea un acogimiento residencial y luego pasen a un acogimiento familiar, y eso implica que contemos con entidades tan buenas como Dime” y el resto de entidades que colaboran en este ámbito con una gran implicación que refleja la preocupación que tienen los profesionales por los menores de la región”.
Por lo tanto, Inmaculada Tello ha finalizado reiterando el agradecimiento a todas las entidades y a los profesionales “por el gran trabajo que hacen a diario en los hogares residenciales, un trabajo que no es nada fácil y que tendríamos que valorar más”.
