Noviembre de 2010 fue el mes en que el gobierno y la administración dirigidos por el P. S. O. E. de José María Barreda desvelaron el valor real que para ellos tiene la democracia.
El Diario Oficial de 9 de noviembre de 2010 publicó la convocatoria de contratación pública de la «campaña institucional destinada a informar y fomentar la participación de los electores en la votación de las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha de 2011». El precio máximo de contratación son 120.202,00 euros, incluido el 18% de I. V. A. (alrededor de 20 millones de las antiguas pesetas). El 11 de febrero de 2011 se publicó la adjudicación 102.542,00 euros (unos 5 céntimos por habitante de Castilla-La Mancha).
La costumbre de lanzar una campaña institucional (contratada paradójicamente con una empresa privada) significa el fracaso reiterado del intento de acercar la política a los ciudadanos y de implicarles en ella de forma cotidiana, no solo al final de cada legislatura. Eso siendo bien pensados al presuponer que ese intento existe.
Por su parte, el objetivo de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha es arraigar la política en cada persona, en cada ciudadano, en los pueblos y ciudades de nuestra comunidad autónoma como una dimensión importante del proyecto personal, familiar y colectivo de los castellano-manchegos. Pero la formación personal y colectiva que este objetivo conlleva es mucho más cara que 120.202,00 euros, porque la democracia profunda cuesta, aunque no más quizá que lo que cuesta el exceso de altos cargos y asesores alrededor del gobierno regional, con sueldos convenientemente blindados aun cuando tengan que regresar a su puesto de trabajo como funcionarios en su caso.
Así las cosas, podríamos pensar inocentemente que el Gobierno presidido por José María Barreda ha optado por la vía más tacaña de animar a la participación electoral como expresión democrática de mínimos pero suficiente para sus objetivos de mantenerse en el poder mediante la movilización de su voto, más proclive a la abstención sobre todo después de las políticas antisociales que el PSOE está impulsando y justificando por las presiones de “los mercados”.
Pero la verdad es otra. Ciudad Real es la única provincia con número impar de diputadas y diputados a elegir en la próxima cita electoral del 22 de mayo. Esto quiere decir que, en caso de un hipotético empate en las demás provincias entre el PSOE y el PP la continuidad del PSOE en el gobierno regional se juega en Ciudad Real. Y, ¿cuál ha sido el fiasco mayor de la clase política profesionalizada de Ciudad Real, véase PP y PSOE? El aeropuerto de Ciudad Real. El primero privado de España y que tantas ayudas públicas lleva tragadas como un pozo sin fondo, tanto durante su construcción como durante su operatoria, además de la caja pública regional, la ya histórica Caja de Castilla La Mancha. Las aerolíneas privadas que vienen y luego se van lo hacen después de llevarse su parte, y la última, Vueling, propiedad del ex-ministro del PP señor Piqué, puede no ser diferente.
Ante la marcha de Ryanair había que conseguir como fuese que el aeropuerto de Ciudad Real no se cerrase definitivamente antes de las elecciones, pues eso supondría un duro golpe para el PSOE en la Diputación Provincial y en el gobierno regional. Y en una maniobra electoral sin precedentes disfrazaron otra ayuda pública con un contrato de publicidad para promocionar el aeropuerto de Ciudad Real por valor de 2,36 millones de euros, también en noviembre de 2010.
Este es el verdadero precio de la democracia para el PSOE de José María Barreda en Castilla-La Mancha.
Desde mediado marzo de 2011 vamos conociendo las acciones de esa campaña: carteles en marquesinas de autobuses, inserciones publicitarias en algún medio de comunicación, vales descuento por un importe total de 96.000 euros,… ¿Dónde está el resto de los 2,36 millones de euros? Hay quienes explican que se están empleando en pagar los asientos vacíos de los vuelos de Vueling, y lo justifican porque así se hace en otros aeropuertos de España. Pero, ¿cómo podemos los ciudadanos consentir esto, sobre todo en un proyecto que alardea de ser eminentemente privado? ¿Acaso ha llegado hasta ese punto nuestro conformismo? No podemos asumirlo sin indignarnos.
Sin embargo, en estos días ha sido un avión con aceptable ocupación pero con retraso el que ha dado la peor publicidad posible al aeropuerto de Ciudad Real. Vueling ha dejado patente su escasa vocación de servicio público y su ansia del máximo beneficio, aun a pesar de las ayudas públicas.
Los cargos públicos de la Junta llevan meses reuniéndose con los distintos agentes de la región porque, según alguno de ellos, éste es el momento de la «política». Para Izquierda Unida esa «política» no pasa de persuasión interesada para no perder las elecciones. Y la verdad es que estos cargos públicos deben tener muy difícil justificar, por ejemplo, al tejido empresarial de nuestra región los férreos requisitos (por otra parte siempre exigibles por tratarse de fondos públicos) y los retrasos para cobrar las subvenciones públicas comprometidas con ellos por el gobierno regional cuando todo el mundo ve y conoce la caradura y la ligereza con que se ayuda a determinados proyectos promovidos por según qué empresarios.
Izquierda Unida está con las empresarias y los empresarios de todos los días, los que no buscan un lucro rápido sino un medio de vida para ellos y los trabajadores que trabajan con ellos, los que logran implicar mediante la participación en las decisiones a sus trabajadores, los que no hacen competencia sucia a los empresarios de su sector sino que entre todos procuran fortalecerlo e innovar para que no muera. Los otros empresarios son los que estropean la economía y aboban a nuestros representantes políticos con macroproyectos que, o no ejecutan (aunque hayan tomado prestado dinero incluso de entidades públicas como la Caja Castilla-La Mancha sin devolverlo después) o se llevan a cabo sin el más mínimo rigor de planificación de su viabilidad, como el aeropuerto de Ciudad Real o el “Reino de Don Quijote”.
