El director general de Caja Rural de Ciudad Real, Miguel Ángel Calama, ha sido finalmente condenado por el Tribunal Supremo a tres meses de prisión y su consecuente inhabilitación por haber cometido un delito de acusación falsa en 1994, cuando era director regional en Cataluña de Banesto. No obstante, y nada más conocerse la sentencia, el Consejo Rector de Caja Rural se ha reunido para ratificar a Calama en su cargo.
La sentencia ha sido dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que también ha condenado a la misma pena al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáez; y al letrado Rafael Jiménez de Parga.
El juez estima que Calama, junto a los otros dos acusados, cometieron un delito de acusación falsa, por lo que deberán cumplir tres meses de prisión con suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección públicos o privados vinculados con entidades bancarias crediticias o financieras durante el tiempo de la condena.
El Supremo ha rebajado la pena para los acusados de los seis meses propuestos inicialmente por la Audiencia de Barcelona a tres, al no encontrar pruebas concluyentes de que existiera estafa procesal, y al aplicar un atenuante debido a la larga duración del proceso.
La resolución judicial ha contado con el voto en contra de la condena del magistrado José Manuel Macha, para quien no existen pruebas que sustenten la pena impuesta.
Ratificado en su cargo
Nada más conocerse la condena de Calama, el Consejo Rector de Caja Rural de Ciudad Real se ha reunido a primera hora de la tarde para ratificar a su ejecutivo en sus funciones como director general, según reza un comunicado emitido por la entidad. Aún así, asegura que “respeta” las decisiones judiciales y anuncia que Calama “promoverá las iniciativas que con arreglo a Derecho le corresponda”. De hecho, el propio Calama ha manifestado que podrá seguir gestionando GlobalCaja, la fusión de las cajas rurales de Ciudad real, Cuenca y Albacete; y que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional.
El actual director de Caja Rural de Ciudad Real y principal cerebro de la fusión de cajas regionales GlobalCaja ya contaba desde hace semanas con el respaldo del presidente de la entidad crediticia, Luis Díaz Zarco, fuera cual fuera el desenlace final del proceso judicial. Zarco ya dejó claro entonces, en declaraciones a RNE Ciudad Real, que Calama “sería recuperado automáticamente cuando cumpla su pena”.
Hay que recordar que la Audiencia de Barcelona condenó al director general de Caja Rural de Ciudad Real, Miguel Ángel Calama a seis meses de prisión por un delito continuado de acusación y denuncia falsa, y a pagar una indemnización de 100.000 euros, penas que se han visto ahora rebajadas por el Supremo.
Los hechos se remontan a hace quince años, cuando Calama era director regional en Cataluña de Banesto.
Según la sentencia, que fue recurrida en su momento ante el Tribunal Supremo, Alfredo Sáenz, Miguel Ángel Calama y Rafael Jiménez de Parga interpusieron en 1994 una denuncia falsa contra los accionistas del Grupo Harry Walker, Pedro Olabarría, los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero García, y Modesto González por el impago de una deuda al banco de 600 millones de pesetas.
El juez estimó que la querella falsa «obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno de formularla contra personas físicas que nada debían, como artificio de presión».
Según el texto, este «amedrantamiento» se hizo para que los afectados «respondieran por lo que nunca habían avalado, aprovechándose, además, de la presencia temporal, por sustitución a causa de las vacaciones de su titular, del ex juez Pascual Estevill en el Juzgado número 10 de Barcelona», que ya fue condenado por prevaricación por estos hechos.
La sentencia de la Audiencia de Barcelona estimaba que Banesto, a través de su oficina principal de Barcelona, había concedido líneas de crédito durante años al grupo Harry Walker, que desde mediados del 1993 estaba en crisis. Tras ser intervenido, el banco impulsó la recuperación de créditos “dificultados”, que suponían el 30 por ciento de los de la entidad, y en este contexto fue cuando decidieron interponer la querella falsa el 26 de julio de 1994.
