La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha solicitado a la Fiscalía de Ciudad Real que investigue si en los centros dependientes de la Delegación de Educación, Ciencia y Cultura se han llevado a efecto las inspecciones previstas en el art. 4 del RD 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión.
El sindicato CSI·F ha mostrado su preocupación por la seguridad de las instalaciones eléctricas en Institutos de Enseñanza Secundaria, Centros de Atención a la Infancia y Residencias Universitarias, solicitando reiteradamente información ante el Comité de Seguridad y Salud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y ante las autoridades administrativas competentes.
CSI·F recuerda que «estamos hablando de revisiones obligatorias para locales de pública concurrencia, por donde transitan un elevado número de personas. CSI·F ha comprobado que, en algunos de estos Centros, ni se han pasado las revisiones, ni tan siquiera saltan los diferenciales cuando existe un problema eléctrico».
«Durante muchos meses asistimos a una nula respuesta por parte de la Administración Regional, por lo que desde CSI·F, buscando siempre la seguridad de trabajadores y alumnos, solicitamos a la Delegación de Educación que informase, antes de finalizar 2010, sobre el resultado de las inspecciones, así como de las actuaciones llevadas a cabo ante resultados desfavorables», dice el sindicato.
Advertencia a delegados
CSI·F, «ante la gravedad del hipotético incumplimiento y dado el reiterado ninguneo de la Junta de Comunidades hacia el Comité de Seguridad y Salud y hacia nuestros escritos», advirtió al Delegado provincial de Educación, al Delegado de Ordenación del Territorio y al Delegado de la Junta, que «de continuar la falta de información llevaría el tema a la Fiscalía».
CSI·F considera que «ha podido existir dejación de funciones por parte de los organismos competentes y solicita traslado del tema al Fiscal de Menores, dado que un gran número de las personas potencialmente afectadas por un funcionamiento defectuoso de la Administración Pública en cumplimiento de sus obligaciones, son menores de edad».
