El alcalde de Miguelturra, Román Rivero, ha mostrado su «sorpresa» ante la denuncia que el Partido Popular asegura haber presentado contra el equipo de Gobierno relacionada con las obras de la depuradora de Peralbillo. A su juicio, las actas de recepción estaban convenientemente firmadas por los técnicos, «al entender éstos que la obra de ajustaba a los requisitos».
Rivero ha indicado que durante las últimas sesiones plenarias celebradas en el Consistorio se ha abordado el estado y evolución de las obras de ese proyecto «y el Partido Popular nunca había informado este tipo de medidas judiciales, pese a que hablamos de una obra que se conoce desde 2009». El alcalde ha manifestado que «tenemos que agradecer que haya elecciones dentro de tres meses, porque imaginaos que las elecciones son dentro de cuatro años».
La denuncia de los dirigentes del PP hace referencia a la recepción de la obra sin estar finalizada, un aspecto que Rivero ha justificado al indicar que «las actas de recepción estaban convenientemente firmadas por los técnicos al entender éstos que la obra de ajustaba a los requisitos para su recepción». Al margen esta puntualización, Rivero ha lamentado que el Ayuntamiento de Miguelturra se haya encontrado «con más problemas que facilidades, cuando lo que se pretende es dar solución» a la depuración de aguas residuales a todos los habitantes de Peralbillo.
En cuanto al proyecto en sí, Rivero ha explicado en profundidad que se trata de una «simple operación» de sustituir una depuradora obsoleta que data de 1982 por otra nueva, «con las ventajas en cuanto a eficacia y eficiencia medioambiental que ello supone, además de eliminar otra de las quejas vecinales, como es la desaparición de olores gracias al soterramiento de la obra».
El verdadero problema surge cuando, según Rivero, se produce un «desencuentro» con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), quien mantiene que el emplazamiento donde se ubica la nueva depuradora (es la misma que la anterior) está dentro de la zona inundable del embalse del Vicario, argumento que el alcalde y los técnicos del Ayuntamiento miguelturreño no comparten, «máxime si se tiene en cuenta que la cota que marca la ley está por encina del nivel del vaso del Guadiana, tal y como se ha comprobado con la toma de diferentes medidas».
Por lo tanto, Román Rivero entiende que «estamos en una discusión absurda entre administraciones», y pese a que se han producido varias reuniones entre ambas partes, «increíblemente no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo».
Ante esta situación que Rivero cree que «perjudica a los vecinos de Peralbillo, pues sus aguas residuales se están vertiendo al río sin ningún tipo de depuración», ha indicado que el Ayuntamiento de Miguelturra mantiene abierto un contencioso con la CHG para que una tercera parte (en este caso los tribunales) decidan sobre la instalación.
Rivero ha insistido en aclarar que las obras a acometer consisten única y exclusivamente de sustituir la antigua depuradora por una nueva, y en ningún caso se acomete un proyecto diferente al ya existente. En base a un informe de Aquagest, el alcalde recuerda que «es desaconsejable el cambio de ubicación de la depuradora a otra zona».
