No habrá problema: aun en el caso de que el actual director de Caja Rural de Ciudad Real y principal cerebro de la fusión de cajas regionales GlobalCaja, Miguel Ángel Calama, fuera inhabilitado en su cargo por el Tribunal Supremo, sería recuperado automáticamente cuando cumpla su pena. Así lo aseguraba ayer, en declaraciones a RNE, el presidente de la entidad crediticia, Luis Díaz-Zarco.
Díaz-Zarco hacía estas declaraciones tras conocerse que el actual consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáez, ha sido inhabilitado por el Supremo por el mismo delito de acusación falsa por el que fue condenado Calama durante su etapa en Banesto.
En declaraciones a RNE recogidas por diversas agencias, Díaz-Zarco asegura que cumplirá con la decisión del Tribunal, si se confirmara, aunque también ha dejado claro que la figura de Calama volvería a recuperarse una vez finalizado el periodo de inhabilitación.
El diario El Mundo adelantaba ayer que el Tribunal Supremo ha inhabilitado a Alfredo Sáenz por un delito de acusación falsa cuando fue presidente de Banesto.
Hay que recordar que la Audiencia de Barcelona condenó al director general de Caja Rural de Ciudad Real, Miguel Ángel Calama; al ex presidente de Banesto, Alfredo Sáenz; y a otro ex directivo, a seis meses de prisión por un delito continuado de acusación y denuncia falsa, y a pagar una indemnización de 100.000 euros. Los hechos se remontan a hace quince años, cuando Calama era director regional en Cataluña de Banesto.
Según la sentencia, que fue recurrida en su momento ante el Tribunal Supremo, Alfredo Sáenz, Miguel Ángel Calama y Rafael Jiménez de Parga interpusieron en 1994 una denuncia falsa contra los accionistas del Grupo Harry Walker, Pedro Olabarría, los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero García, y Modesto González por el impago de una deuda al banco de 600 millones de pesetas.
El juez estimó que la querella falsa «obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno de formularla contra personas físicas que nada debían, como artificio de presión».
Según el texto, este «amedrantamiento» se hizo para que los afectados «respondieran por lo que nunca habían avalado, aprovechándose, además, de la presencia temporal, por sustitución a causa de las vacaciones de su titular, del ex juez Pascual Estevill en el Juzgado número 10 de Barcelona», que ya fue condenado por prevaricación por estos hechos.
La sentencia de la Audiencia de Barcelona estimaba que Banesto, a través de su oficina principal de Barcelona, había concedido líneas de crédito durante años al grupo Harry Walker, que desde mediados del 1993 estaba en crisis. Tras ser intervenido, el banco impulsó la recuperación de créditos “dificultados”, que suponían el 30 por ciento de los de la entidad, y en este contexto fue cuando decidieron interponer la querella falsa el 26 de julio de 1994.
