La actividad política, que debería ser la organización de la sociedad, se degrada cuando manipula algo tan delicado como el miedo o la incertidumbre. Eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos respecto al sistema público de pensiones. Se ha creado desconfianza en la viabilidad del mismo de manera injusta y se han hecho, además, falsas precisiones.
La falsa precisión ha sido que la demografía inevitablemente nos lleva a un hachazo a nuestro sistema público de pensiones, ignorando, por ejemplo, que en los años ochenta dedicábamos el 3% del PIB a nuestro sistema público de pensiones, que en estos últimos años en torno al 8% de 250, debido al incremento de la productividad, y que para cuando se pretende la crisis de nuestro sistema público de pensiones -la enésima crisis anunciada- el 14% del PIB será el 14% de 500, hablando en términos de productividad. Una realidad, por tanto, perfectamente sostenible y no muy diferente a la de nuestro entorno; una falsa precisión demográfica en este caso, está sirviendo para manipular la incertidumbre y el miedo de los ciudadanos. Ha sido la táctica y el soporte buscado para decidir aumentar la edad de jubilación a los 67 años, aunque sea de forma progresiva, y aumentar el periodo de cálculo y el número de años necesarios para la jubilación completa.
Ante las mentiras y la manipulación del miedo colectivo, convenientemente inyectado en la sociedad, debemos tener claro que no es inevitable aumentar la edad de jubilación a los 67, ya que tenemos la edad real de jubilación más alta de toda Europa; que el aumento de la esperanza de vida no es causa necesaria para la modificación, habrá más pensionistas pero también más cotizantes y con rentas más altas; que el gasto en pensiones en España es sostenible y mejorable, pues nuestras pensiones medias son de las más bajas de Europa y destinamos a las mismas un porcentaje del PIB menor que los países de nuestro entorno; que esas medidas van contra el sistema público de pensiones, ya que el aumento de la edad de jubilación significa que todos cobraríamos dos años menos de pensión, con el consiguiente ahorro (que se estima en un 6%) y el aumento de los años de cómputo para determinar el importe de la pensión, de los actuales 15 años a 20 o 25, significa que todos cobraremos pensiones más bajas (entre un 5 y un 10% menos) porque los salarios más antiguos eran más bajos.
El Gobierno pretende entregar a los mercados financieros, en este caso los bancos y las compañías de seguros, el sistema público de pensiones; pretende un modelo asistencial, es decir unas pensiones mínimas y el resto con complementos de los seguros privados. Entre las muchas consecuencias de estas medidas y demás recortes impuestos durante el año 2010, destaca el empobrecimiento de la sociedad española y con ello la pérdida de la cohesión social.
Frente a la pretendida imposición de un pensamiento único y de verdades absolutas, basadas en la mentira y el miedo colectivo, debemos reaccionar con confianza en medidas alternativas basadas en la justicia social, la creación y mejora del empleo y en el desarrollo de los servicios públicos. Tenemos la obligación de afrontar el año 2011 con esperanza en la lucha, la movilización y no resignarnos a conseguir una salida de la crisis donde, al menos, se repartan esfuerzos y posibilidades de futuro.
