Ecologistas en Acción ha presentado el informe “Los 15 principales culpables de la destrucción de la biodiversidad durante 2010” en el que está incluido José Luis Martínez Guijarro, consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha.
Según Ecologistas, el consejero castellano-manchego se ha hecho acreedor de tal señalamiento por permitir la construcción de un macrovertedero de residuos urbanos en Toledo que afectará a una de las poblaciones más importantes de águila imperial. Si quieres saber la historia completa sobre este poryecto, sólo tienes que pinchar aquí: http://ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_15_culpables.pdf
Además de Martínez Guijarro, la lista incluye a los presidentes de la Comisión Europea y del Gobierno español, dos ministros, cuatro presidentes de Comunidades Autónomas, otros tres consejeros de Medio Ambiente, así como los presidentes de una autoridad portuario y dos grandes empresas.
Ecologistas en Acción ha realizado un detallado seguimiento de las actuaciones de las administraciones y empresas, identificando a los que considera culpables de la destrucción de la biodiversidad en 2010 y proponiendo un decálogo para detener la pérdida de biodiversidad. Aunque en realidad «son muchos» los responsables de dicha destrucción, en todos los ámbitos y comunidades autónomas, Ecologistas en Acción identifica en este informe a los 15 principales culpables de la destrucción de la biodiversidad, así como las actuaciones que les hacen especialmente merecedores de este reconocimiento. Este es el resto de miembros de su «lista negra»:
José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea. Por condicionar todas sus políticas al crecimiento económico en detrimento del objetivo de detener la pérdida de biodiversidad, y aprobar el primer cultivo transgénico desde 1998, la patata conocida como Amflora.
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España. Por marginar la biodiversidad, desarrollar políticas insostenibles, no recuperar con el necesario peso político el Ministerio de Medio Ambiente, y elaborar una Ley de Economía Sostenible que de sostenible solo tiene el nombre.
Elena Espinosa, ex Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Por defender un modelo de pesca industrial insostenible, oponerse a la prohibición del comercio internacional y a la reducción de las capturas del atún rojo, e incumplir su compromiso de crear el santuario para el atún rojo en Baleares.
José Blanco, ministro de Fomento. Por mantener la apuesta del Ministerio de Fomento por la construcción de infraestructuras de transporte con graves afecciones a la biodiversidad y pese a no estar justificada su construcción en la mayoría de los casos.
Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias. Por eliminar o reducir la protección a buena parte de las especies canarias, para así poder continuar con la destrucción de los espacios naturales canarios y especialmente la construcción del Puerto de Granadilla.
Esperanza Aguirre Gil de Biedma, presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por aprobar un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y proponer un Parque Nacional, para desregular los espacios protegidos existentes y facilitar el desarrollo urbanístico en la Sierra de Guadarrama.
José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía. Por pretender facilitar en los parques naturales de Andalucía la especulación urbanística, al supeditar la planificación de los espacios protegidos a los planes urbanísticos de los municipios, y eliminar todas las cautelas existentes para controlar la especulación urbanística ligada a los campos de golf.
Marcelino Iglesias, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por la construcción de una nueva estación de esquí de dimensiones colosales y una urbanización de entre 3.000 y 5.000 segundas residencias en un valle casi virgen, Castanesa, que tiene actualmente una población de 300 habitantes. Además de haber consentido la extinción del oso pardo pirenaico.
Maria Jesús Ruiz, vicepresidenta Primera y Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Por aprobar y apoyar diversos proyectos muy lesivos para la biodiversidad, como la estación de esquí de San Glorio, la Ciudad del Medio Ambiente y el complejo de ocio Meseta Sky, por el procedimiento de aprobar leyes específicas que tratan de legalizarlos a pesar de sus graves deficiencias ambientales.
José Luis Navarro, consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. Por potenciar las energías fósiles; apoyar y aprobar la construcción de una refinería en Tierra de Barros, que incluye un oleoducto que amenaza al Parque Nacional de Doñana; así como varias centrales térmicas.
Juán Gabriel Cotino Ferrer, vicepresidente tercero y Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana. Por defender y autorizar la caza con parany, a pesar de ser un método masivo y no selectivo que cuenta con sentencias judiciales contrarias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, del Tribunal Supremo y del Tribunal de la Unión Europea.
Francesc Triay, presidente Autoridad Portuaria de Baleares. Por promover e iniciar las obras de ampliación del puerto de Ibiza, poniendo en peligro, entre otros valores naturales, al organismo vivo más grande del planeta: un ejemplar de Posidonia oceánica que tiene 100.000 años, una extensión de 8 kilómetros y que está declarado como Patrimonio de la Humanidad.
Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso. Por construir algunas de las infraestructuras más impactantes para la biodiversidad, y muy especialmente por ejercer, como otras empresas, un fortísimo cabildeo para conseguir su puesta en marcha y financiación por el Estado español y otros estados.
Juan Luis Arregui, presidente del Grupo Empresarial ENCE S.A. Por ser responsable del aterrazamiento y destrucción del monte autóctono para el cultivo intensivo de eucaliptos, incluso en varios espacios protegidos del Estado español como Doñana, y por pretender que se siga ampliando el cultivo de eucaliptos, por ejemplo, en 300.000 ha del Principado de Asturias.
En una nota de prensa, Ecologista recuerda que 2010 ha sido el Año Internacional de la Biodiversidad, según lo declaró la Asamblea General de Naciones Unidas. «Sin embargo los principales responsables de la destrucción de la biodiversidad, administraciones y grandes empresas, no han modificado un ápice sus políticas. Las grandes empresas tienen clara su prioridad, ganar más dinero, lo más rápido posible, e independientemente de los impactos que generen, contando casi siempre con un alto grado de complicidad de los responsables gubernamentales, gracias en buena medida al lobby que realizan».
la organización considera que las administraciones, incluidas las ambientales, «están condicionadas por el objetivo del crecimiento económico; los intereses personales o partidistas y el siempre presente amiguismo en la toma de decisiones; la progresiva desafección de la clase política ante cualquier compromiso medioambiental y el desconocimiento de la importancia de la biodiversidad y su relación directa con la calidad de vida de los seres humanos. Todos estos factores vienen siendo determinantes para que haya continuado la destrucción de la biodiversidad, a lo que se ha añadido, un año más, la crisis económica convertida en la excusa perfecta para justificar la destrucción de la naturaleza».
