Buena parte del año 2012 está recorrido por los efectos devastadores de las políticas de recorte en los gastos sociales, formuladas desde Madrid –gobierno de Rajoy– y desde Toledo –gobierno de Cospedal–. Baste observar las publicaciones referidas, en esos meses, al incremento de la insolvencia empresarial –Lanza, 7 febrero 2012–, o al desplome del visado de viviendas– del 17% en viviendas colectivas y del 24% en viviendas unifamiliares –Lanza, 4 febrero 2012– en el tramo temporal de los meses de enero a noviembre de 2011. De igual forma, se hacía público el ahorro –forzoso, para compensar desequilibrios– anunciado por Rajoy “de 10.000 millones en sanidad y educación”– Lanza, 8 agosto 2012–, todo ello, como antesala de una hipotética intervención de la economía española y del acordado, finalmente ‘rescate bancario’ del Eurogrupo por un importe de 100.000 millones –Lanza, 10 junio 2012–. Tales circunstancias hacen visible la atonía mostrada en torno a los temas urbanísticos. Si había un parón edificatorio, fruto del arrastre de la crisis financiera en el sector inmobiliario, las demandas de actividad se veían, por ello, ralentizadas. De ello da muestras, por ejemplo, que el portavoz municipal de urbanismo del PSOE, Alberto Lillo, oriente sus crítica al desempleo antes que al urbanismo –Lanza, 9 agosto 2012– en revisión y censura a otras declaraciones de la portavoz popular Lola Merino.
La presión económica de la crisis abierta desde 2008, y que se prolongaría hasta 2015, con la prima de riesgo de la deuda española bajando de los cien enteros, daría cuenta del vaciamiento de la actividad planificadora y de la centralidad del debate político en torno a los parámetros del desempleo y de la crisis financiera. Crisis financiera que acabaría alterando la estructura del sistema bancario con la práctica desaparición de las Cajas de Ahorro, absorbidas por los grandes bancos en el llamado ‘proceso de concentración bancaria’, en evitación de quiebras sistémicas. Todo ello, conduciría al adelgazamiento de los registros urbanísticos, tanto en el campo de la planificación como de la gestión por razones obvias. Y donde habría que subrayar todo el legado de activos tóxicos que tuvieron que constituirse como parte del llamado ‘Banco Malo’ o SAREB, para sanear las contabilidades bancarias y su ‘elevada exposición al ladrillo’. El legado de todo ese movimiento de saneamiento y posterior blanqueo acabaría constituyendo el cuerpo de los llamados ‘Cadáveres inmobiliarios’. Edificios y promociones extensivas, varados tras la pesada digestión de la crisis del ladrillo de 2008 –como entre nosotros el Auditorio Municipal, las viviendas paralizadas de Padre Ayala, el repetido Aeropuerto, o el toledano Quijote CREA–, importantes promociones paralizadas y expuestas a ese abandono que ha merecido diversas miradas como las del libro faro y guía, ‘Ruinas modernas. Una topografía del lucro’ (2012) de la arquitecta y fotógrafa alemana Julia Schulz-Dornburg, que bien podría haberse denominado Una fotografía del lucro. Del mismo año 2012, es el texto de Rafael Argullol El jardín de las delicias y el escrito de Tom Burridge, para BBC News que denominó como Los proyectos faraónicos que endeudaron a España. Fantasmas inmobiliarios que yo uniría con la serie fotográfica citada antes, publicada en El País, por Andrea Abril, que denominó Edificios Zombis (2015) y que, yaen 2017, Mar Femenia presentaba el fruto de su trabajo de captura de esas ruinas inmobiliarias por toda la geografía nacional, bajo el registro España: error de sistema. Finalmente, en 2022 y publicado por Andrés Rubio, bajo la denominación España fea. El caos urbano, el mayor fracaso de la democracia, se volvía a revisar –¿y enterrar esos cadáveres? – esos estragos que ejemplificaba la portada del libro con el Hotel Algarrobico varado en la playa almeriense de Carboneras. Ese pesimismo evidente de la arquitectura era denominado por Andrés Rubio con la expresión arquitectura basura. Expresión tomada de la equivalente de Urbanismo basura, esbozada por Fernández Galiano en 2003, para dar cuenta del comienzo de la burbuja inmobiliaria y de la fiebre recalificadora del suelo.
Y todo ello, todo ese coctel combinado de presión inmobiliaria, bajos precios del dinero, facilidad para la promoción y relajación urbanística, dieron lugar a la amalgama que han labrado el presente de nuestras ciudades, en una secuencia temporal tipificada entre ‘el pelotazo urbanístico’ y la degradación de las normas urbanísticas. Contexto en el que desaparecen –por obvios y evidentes– los Premios Nacionales de Urbanismo y la eficacia rectora de esa misma normativa concebida para ‘el mejor hacer de nuestras ciudades’. En una muestra de la innecesaridad del planeamiento frente a la evidencia de los crecimientos reales y permisivos.
Donde ya se comienza a apuntar ideas sobre la polivalencia perversa –¿y pervertida? – de las figuras de planeamiento y de la planificación, de cualquier tipo de planificación: Plan Operativo, Plan de Acción y, propiamente, Plan Municipal. Donde caben todas las posibles interrelaciones: Plan Geaneral de Ordenación Urbana, Agenda Local 21, Plan de Ordenación Municipal, Plan Estratégico. Inaugurándose con ello el modelo de promoción de figuras carentes de respaldo normativo para acompasar el crecimiento de la ciudad. Donde se reconoce la forma de acometer actuaciones diversas –desde la crítica de las actuaciones de jardinería del Prado al autobombo propagandístico–: “Lo que más me llama la atención es que el concejal de Urbanismo, Pedro Martín, ponga como inversión estrella la remodelación de los jardines del Prado que es una ocurrencia más, porque aquí nadie planifica, sino que se actúa a base de ocurrencias”. Todo ello, rematado con el imponderable: “Añadió que con un presupuesto de inversión de cero euros para este año es impensable pensar en el desarrollo de la ciudad, e indicó que está tan mal gestionada la concejalía de Urbanismo que es imposible que las cosas funcionen, ejecutando ahora obras del 2010 y 2011, acerados y pavimentaciones. “Si yo dirigiese la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento la prioridad sería una buena planificación de las obras y que éstas estuvieran avaladas por la participación activa de la ciudadanía”.
