La Fundación Virtus de Puertollano aún guarda los peligrosos rescoldos del incendio que la llevó a protagonizar uno de los escándalos políticos y económicos de 2010. Ahora, la investigación sobre parte de las presuntas irregularidades cometidas en su seno prosigue en los tribunales, alejada momentáneamente de las candilejas mediáticas. El pasado 14 de octubre tuvo lugar en el Juzgado número 4 de Ciudad Real la vista celebrada a instancias de Fernando Muñoz Marín para solicitar concurso necesario de acreedores en Virtus. La juez que instruye el caso ha autorizado la realización de una nueva auditoría. MICIUDADREAL.ES te cuenta en exclusiva todos los detalles.
El pasado 14 de octubre tuvo lugar en el Juzgado número 4 de Ciudad Real la vista celebrada a instancias de Fernando Muñoz Marín para solicitar concurso necesario de acreedores en Virtus. Tal y como publicara Miciudadreal.es, Muñoz reclama, a través de su sociedad Interconsult Servicios Estratégicos, el pago de 260.000 euros por encargos realizados hasta el año 2008. Por su parte, Virtus, que depende del Ayuntamiento de Puertollano, niega su insolvencia y no reconoce los documentos aportados por el demandante. La juez que instruye el caso ha autorizado la realización de una nueva auditoría que esclarezca si la entidad presentaba un estado de insolvencia en el momento en que fue practicada la denuncia.
Tanto el abogado de Virtus como su actual presidenta, la concejala Eva Morales, aseguran que Interconsult no ha aportado ningún documento ejecutivo (pagaré) que no haya sido atendido. Del resto, alegan que sólo se han aportado contratos y fotocopias de otros títulos que no prueban que el demandante sea tenedor legítimo. Además, subrayan que la demanda no determinaba el importe exacto de la deuda, y que no se dan las circunstancias para decretar un concurso necesario de acreedores porque la fundación no presenta insolvencia, ni ahora, ni en el momento en que fue solicitado el concurso. El abogado también hizo constar la naturaleza jurídica de Virtus, que no es una sociedad mercantil con ánimo de lucro, y que posee un patronato donde figuran entidades públicas que sufragan los gastos con sus aportaciones.
Precisamente, según los representantes de Virtus, la deuda que a principios de año presentaba la fundación (3,5 millones de euros) ha sido ya enjugada en sus dos terceras partes gracias a las aportaciones de los patronos. En la actualidad, la contabilidad de la entidad refleja unas deudas de un millón de euros, aunque entre las previsiones de ingresos destacan una partida de 500.000 euros, que aportará la Consejería de Educación; y otra de 150.000 proveniente del propio Ayuntamiento.
La negación es una insolvencia
Por su parte, la defensa de Muñoz Marín subrayó que el mero hecho de negar la deuda es un acto claro de insolvencia. Aludió asimismo a la jurisprudencia sentada por un auto de la Audiencia provincial de Barcelona que estima suficiente la aportación de los documentos acreditativos de la deuda, sin que sea necesaria una prueba plena de su existencia ni la cuantificación del importe exacto, algo que correspondería a una fase posterior. Aún así, y ante la insistencia de la magistrada, la defensa de Muñoz estimó en 260.971 euros el importe adeudado a fecha de la solicitud del concurso, el 15 de julio de 2009.
Muñoz Marín considera pública y notoria la situación de insolvencia de Virtus y justificaba su petición a la luz de la documentación y títulos que le acreditan como acreedor. Además, solicitó una nueva prueba pericial (auditoría) que permitiera esclarecer el estado de las cuentas de la entidad.
El administrador único de Interconsult insistió en que mantuvo una relación profesional con la Fundación Virtus desde el año 2007, incluso con despacho y teléfono propios, y relató el procedimiento habitual de cobro: recibía los pagarés a cambio de las facturas que presentaba. Algunos de esos pagarés, según el denunciante, fueron devueltos, y muchos no fueron negociados por impago reiterado. Muñoz citó además, como prueba de su relación con Virtus, las acreditaciones de los trabajos realizados, firmadas por el ex secretario de la fundación y del Ayuntamiento de Puertollano, Juan Luis Vázquez Calvo, que fueron remitidas a las entidades bancarias para solicitar la línea de descuento de los pagarés. Los papeles aportados por Muñoz ante la juez incluían documentos sellados y firmados por la gerente de la Fundación.
Por su parte, la concejala Eva Morales aseguró que la Fundación está al corriente de todos sus pagos, y aunque reconoció una relación laboral con Interconsult, no quiso acreditar la relación de Muñoz Marín con Virtus entre los años 2007 y 2008, “porque yo no era entonces presidenta de la Fundación”. Aun así, declaró que lo que la empresa reclama es superior a la facturación que consta en la contabilidad.
El encuentro concluyó con la autorización de la nueva auditoría y el señalamiento de una nueva vista, el 10 de noviembre, que marcará el destino del juicio, una vez que se conozcan las conclusiones del informe auditor sobre las cuentas de la entidad.
El transcurso de la vista fue un reflejo de la confusión y opacidad que durante años invadieron las cuentas de Virtus, cuyas irregularidades de gestión ya fueron denunciadas por Miciudadreal.es. El asunto llegó incluso a provocar la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Puertollano y la comparecencia en las Cortes regionales de la ex consejera de Industria, Paula Fernández, para explicar la situación del organismo.
La Fundación, dedicada a la formación aeronáutica, fue impulsada por el Ayuntamiento de Puertollano como entidad jurídica privada, aunque su patronato estaba compuesto, en su mayoría, por instituciones públicas, con el propio Ayuntamiento (el alcalde Joaquín Hermoso Murillo fue su presidente durante años) y tres consejerías de la Junta de Comunidades al frente. Esta ambigüedad respecto a la figura jurídica propició el descontrol y la opacidad de sus cuentas: aunque Virtus recibió en los últimos siete años más de nueve millones de euros, presentaba a principios de 2010 unas deudas acumuladas de 3,5 millones. Sólo pudo sobrevivir gracias a la aportación de dos millones de euros por parte del Gobierno regional (que sirvieron para condonar la deuda urgente), y su posterior conversión en entidad municipal.
La guerra de las auditorías
Uno de los numerosos episodios que salpican la historia de Virtus es su relación con Fernando Muñoz Marín, sobrino del ex presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín. El Juzgado será ahora el encargado de dictaminar la veracidad y legalidad de sus trabajos y de la documentación aportada, y de esclarecer el estado de las cuentas de Virtus entre los años 2007 y 2008.
La nueva auditoría, la tercera en apenas un año, cobra especial relevancia si recordamos que la realizada por Laes Nexia en 2009 constataba que a Muñoz Marín “sólo” se le adeudaban unos 75.000 euros, cifra sensiblemente inferior a los 260.000 reclamados. Para enredar más el caso, otro análisis realizado en febrero de 2010 por Atd Auditores Sector Público no incluía a Interconsult entre las empresas acreedoras de la polémica fundación.
El informe de Laes Nexia sostiene que la Fundación Virtus recibió de Interconsult durante el ejercicio 2007 facturas por importe aproximado de 80.000 euros en concepto de Formación TMA para el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2007 y febrero de 2008, “de los cuales está pendiente de pago a 31 de diciembre de 2007 un importe aproximado de 75.000 euros”. El documento advierte, aun así, de que la empresa no atendió a los requerimientos del auditor y no aportó contrato que documentara las facturas emitidas, ni documentación que acreditara la realización de los cursos.
El administrador único de Interconsult, Fernando Muñoz Marín, ha realizado numerosos trabajos para el Ayuntamiento de Puertollano y su Agencia de Desarrollo Empresarial (Fundescop), así como para la Fundación Empresarial de Puertollano.
Interconsult fue una de las habituales beneficiadas en la adjudicación de proyectos para la Fundación Virtus, incluidas labores de consultoría para las certificaciones EASA 147, planificación de desarrollo de negocio, diseño de proyectos comunitarios, y obtención de subvenciones de organismos públicos.
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