Comunicado de Empleados Públicos en Abuso.- Desde que en EPA, Empleados Públicos en Abuso, comenzamos un recorrido en el año 2021 directamente ante las instituciones Europeas, ante la constatación de que en España todos los agentes implicados en fomentar y mantener el abuso en la contratación temporal de los trabajadores públicos, también se empecinaban en vulnerar, tanto las Directivas Europeas, como toda recomendación emitida desde Bruselas y Luxemburgo, el camino se ha realizado de forma impecable de la mano del bufete de abogados Navas&Cusí.
La Comisión Europea ya contaba con un asunto abierto, como denuncia múltiple, acumulada con el nombre de CHAP(2013)01917 y sobre la que la Comisión Europea no avanzó lo más mínimo hasta que hubo de retomarla presionada por las acciones y presiones que ejercimos sobre el tema.
Fue por ese motivo que la propia CE adhirió las denuncias presentadas por EPA y en las que están representados a título personal cientos de socios, al CHAP(2013). Ante esta denuncia, la CE instó al Gobierno de España a modificar la legislación en lo tocante a la contratación de los Empleados Públicos, dándole dos meses de plazo para ello. En ese plazo, el Gobierno de Pedro Sánchez, en un intento nuevo de engaño a los trabajadores y a Europa, se sacó de la manga la Ley 20/21 que únicamente incide en la vulneración de la Directiva 1999/70/CE y que, inmediatamente, EPA denunció ante la CE, resolviendo ésta que dicha Ley sigue vulnerando la directiva de obligado cumplimiento para los Estados de la UE y, además, no recoge ninguna SANCIÓN AL ABUSO de contratación.
Esta información, que fue trasladada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, se refleja en la última sentencia de 22 de febrero y, esperamos, seguirá la misma línea que las prejudiciales sobre las que se pronunciará el próximo 13 de junio.
Otra denuncia de calado ha sido la que presentamos contra el Tribunal Supremo Español, tramitada a través de denuncia al Reino de España, en lo tocante al órgano máximo de la judicatura, por dar por válida la Ley 20/21 y mostrarse en rebeldía a la hora de aplicar la legislación europea en sus sentencias.
En este momento, la CE ha advertido a EPA que está en negociaciones con el Gobierno de España para resolver las denuncias de ABUSO y que “aflojemos” la presión o nos corta la comunicación.
Desde luego, esta amenaza de cortar la comunicación, no es de recibo ya que, si estamos presionando es porque la CE ha hecho dejación de funciones dilatando durante 11 años la resolución de la denuncia múltiple, permitiendo que un Estado miembro incumpla una Directiva Europea durante más de 24 años y permitiendo que los trabajadores en abuso sigan sufriendo las consecuencias de la vigencia de la Ley 20/21.
El próximo mes de junio hay ELECCIONES EUROPEAS y desde las instituciones se pide a los ciudadanos que participen con su voto. ¿Cómo se puede esperar el respaldo y confianza de los ciudadanos europeos en las instituciones, si estas NO atienden ni velan por los derechos de la ciudadanía? ¿Cómo puede permitirse a la CE y al Parlamento Europeo que haya discriminación entre países, habida cuenta que en el tema que tratamos ya ha habido resoluciones en países como Portugal, Italia, Grecia, Francia… pero se sigue sin dar solución a España?
Desde EPA y el bufete de Navas&Cusí, que nos representa, seguiremos presionando para que la CE finalmente resuelva las denuncias y obligue al Estado Español a aplicar la FIJEZA como única vía de SANCIÓN AL ABUSO. Además de las indemnizaciones a que haya lugar, tal y como se ha pronunciado y recomendado ya el TJUE.
