El Gobierno de Castilla-La Mancha considera prioritaria la creación de un fondo transitorio y abordar la restructuración de la deuda como medidas previas ante la falta de un nuevo sistema de financiación autonómica.
Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación durante las XI Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE), sobre finanzas autonómicas, celebradas hoy en Valencia. En esta cita, el consejero castellanomanchego, que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, ha participado en un debate sobre finanzas autonómicas, junto a sus homólogos de Hacienda de la Comunidad Valenciana, la Xunta de Galicia y la Región de Murcia.
En ese sentido, ha resaltado de nuevo la propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha de que sea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) la que diferencie qué deuda está provocada por factores exógenos a la comunidad autónoma, como la infrafinanciación, consecuencia del mal funcionamiento de actual modelo.
Además, Ruiz Molina ha reiterado también la prioridad de “negociar un nuevo modelo de financiación autonómica”, que cubra el coste real que supone a las comunidades autónomas prestar los servicios que son de su competencia, principalmente los relacionados con el Estado del Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Un modelo que “permita a todos los españoles y españolas tener igualdad de acceso a todos los servicios públicos, con independencia de la capacidad fiscal de cada región”, ha desarrollado.
El consejero también se ha referido a la equidad y la justicia, en cuyo caso ha manifestado que “es necesario que las comunidades que no son de régimen común, como País Vasco y Navarra, aporten más en términos de solidaridad, de lo que vienen haciendo hasta ahora”.
En último lugar, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha vuelto a recordar la carta que Emiliano García-Page envió al presidente del Gobierno de España, con la que, cumpliendo con el principio de lealtad institucional, le solicitaba que se aborde en la próxima Conferencia de Presidentes un “compromiso de Estado” para que la capacidad financiera de las autonomías no se vea afectada por las decisiones del Ejecutivo nacional.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera
Todas estas propuestas que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se han hecho públicas con relación al sistema de financiación autonómica, deben, según ha indicado Ruiz Molina, “negociarse y aprobarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, sin perjuicio de que se celebre una intervención posterior en el Congreso de los Diputados y el Senado, donde se debe aprobar la ley. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se rechaza rotundamente las negociaciones bilaterales del Estado con cualquier comunidad autónoma, ha apuntillado.
Asimismo, ha abogado por la creación de un comité de expertos independientes para que elabore una propuesta de financiación por población ajustada, que sirva de punto de partida para negociar el nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Revitalizar el fondo de compensación interterritorial
En este sentido, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, dentro de las propuestas planteadas por el Ejecutivo autonómico, ha indicado que la financiación relacionada con la lucha contra la despoblación debe estar al margen del nuevo modelo de financiación autonómica y entrar “dentro de lo que son las políticas de Desarrollo Regional”, que, según ha destacado, en los últimos años han estado abandonadas, “siendo importante revitalizar nuevamente el Fondo de Compensación Interterritorial”.
