El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley (PNL) para desarrollar en su totalidad y en el plazo de seis meses, la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector para que se traduzca en concreciones y avances para las entidades de este ámbito. Corresponde a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo de la Cámara Baja su tramitación.
En la exposición de motivos, los parlamentarios recuerdan que el Tercer Sector de Acción Social en España está integrado por más de 30.000 organizaciones, que ocho de cada diez organizaciones cuentan con personas voluntarias en sus estructuras, lo que suma un total de 1.300.000 personas voluntarias, que da empleo a cerca de 645.000 personas, el 4,6% del total del empleo en el país, y representa el 1,5% del PIB.
«La actividad del Tercer Sector de Acción Social, de sus organizaciones y de las personas que lo componen, nace del compromiso con los derechos humanos y descansa en los valores de la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la inclusión y la participación», señalan la diputada y el diputado. El ejercicio de estos valores conduce a un desarrollo social equilibrado, a la cohesión social y a un modelo de organización en el que la actividad económica está al servicio de la ciudadanía.
En este contexto, la aprobación de la Ley 43/2015, de 9 de octubre del Tercer Sector, por un gobierno del Partido Popular, supuso un gran avance para las organizaciones sociales articuladas en el Tercer Sector de Acción Social en España. “Fue una ley pionera, con valor político e institucional que reconocía el importante trabajo que realizan las entidades sociales”, recuerdan.
Por primera vez, España se ha dotado de un marco normativo que ampara a todas aquellas organizaciones que luchan por defender los derechos humanos y atender las necesidades de más de cinco millones de personas en situación de exclusión social, pero tras el cambio en el Gobierno central después de la moción de censura a Mariano Rajoy, el Ejecutivo que impulsó la ley no pudo desarrollarla.
Seis años después, lamentan que el Gobierno actual, cuyo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha fijado entre sus objetivos el desarrollo de dicha ley, aún no ha aprobado ni el reconocimiento a las ONG con el estatus de entidades colaboradoras de la administración general, ni ha desarrollado el Inventario de Entidades del Tercer Sector de Acción Social para conocer cuál es su capacidad de incidencia y localización, ni tampoco ha desarrollado completamente el programa de impulso de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
“Hay que reforzar sin más demoras el papel de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en las políticas sociales, diseñadas y aplicadas en beneficio de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social», finalizan.
