La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha cuantificado en dieciséis millones de euros los gastos derivados de la burocracia que supone la tramitación de los 130.000 expedientes, que recogen diversas líneas de cultivos y ganadería de la región.
Esta cifra recoge las horas invertidas en realizar estos trámites (que superan las 300.000) teniendo en cuenta que cada agricultor o ganadero emplea una media de más de dos en su primera gestión. A éstas habría que sumar las de los que tienen que realizar un segundo trámite administrativo (el 50%) y los que incluso necesitan una tercera gestión. También habría que añadir los desplazamientos, que calculados sobre una distancia media de 30 kilómetros suman cerca de cuatro millones en la primera gestión, además de la hora empleada de media en los trayectos. Calculados todos estos baremos el resultado alcanza los 16.000.000 de euros.
La Organización Agraria considera que estas cifras son producto de un “obsoleto sistema informático, de la falta de visión y de voluntad política y de directrices dictadas en este sentido”, lo que provoca que se sigan produciendo situaciones de perjuicio económico, retrasos en pagos o falta de respuesta administrativa.
Esta complicada burocracia supone que numerosos expedientes cuenten con algún tipo de incidencia, lo que motiva la realización de segundos y hasta terceros trámites, con el consiguiente incremento del gasto y la pérdida de dinero y de horas dedicadas a las labores propias de cada agricultor y ganadero, de los que la mitad realizan anualmente algún tipo de gestión directa o indirecta con la Administración regional. Sólo como ejemplo, ASAJA CLM señala que, en algunos casos, la Administración cuenta hasta con diez fotocopias de los DNI de agricultores y ganaderos que han realizado algún trámite.
A pesar de los avances logrados durante los veinte años en los que lleva aplicándose la Política Agraria Común (PAC), es necesaria la actuación decidida de la Administración para terminar con este tortuoso proceso para el agricultor. Una gestión caracterizada por la tremenda incompetencia de aquellos que luego no asumen la responsabilidad de defender los intereses de los profesionales del campo, como la culminación de las prestaciones de las ayudas comunitarias y autonómicas.
Ante ello, la Organización insta al Gobierno regional a que optimice los recursos tecnológicos y humanos de los que dispone, ya que un ágil sistema operativo de tramitación de ayudas y expedientes podría suponer un gran ahorro para los próximos años, repercutiendo en beneficio de toda la sociedad castellano-manchega.
