SEGUNDA PARTE. Tras la primera parte de ayer, MICIUDADREAL.ES te ofrece hoy un amplio trabajo en el que analizamos a fondo la existencia de acuerdos clientelistas entre las instituciones públicas y varios colectivos más allá de la comunicación. Para ello, ponemos ejemplos concretos de una institución concreta: la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real.
Subvenciones y convenios nominales a todo tipo de colectivos
Este tipo de prácticas institucionales no se limita al campo de la comunicación, sino que, de hecho, se extiende a casi todos los ámbitos. Un ejemplo claro y evidente a lo largo de los últimos años es el de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real. Esta concejalía reparte anualmente una cantidad indeterminada de dinero entre distintas asociaciones o colectivos culturales de la ciudad. No obstante, ni un solo céntimo de este dinero se rige por la Ley de Subvenciones, que obliga a las instituciones a convocar unas bases reguladoras en las que consten de forma clara los criterios a la hora de repartir el dinero y la ponderación de cada uno de estos criterios. Así se asegura –o al menos se intenta- la transparencia en la gestión y el reparto argumentado de las subvenciones. Sin embargo, la Concejalía de Cultura actúa al margen de la Ley de Subvenciones, ya que nunca ha convocado unas bases para el reparto de su dinero. En su lugar, tiende a repartir el dinero en forma de convenios o subvenciones nominales, que se llevan a cabo mediante la negociación directa y privada entre la institución y los colectivos culturales.
La Ley de Subvenciones contempla la posibilidad de firmar convenios nominales, pero siempre que éstos sean de carácter excepcional y representen un porcentaje mínimo en comparación con las subvenciones concedidas de forma pública y abierta.
En Ciudad Real hay varios ejemplos de convenios nominales de dudoso criterio. Quizá el más famoso sea el de la Banda de Música de Ciudad Real, que saltó a la polémica local el verano de 2008 por los enfrentamientos entre los componentes de la Banda y la que por entonces era concejala de Cultura, Lydia Reyero. Pese a las críticas recibidas por la concejala, a la que se le acusaba de querer ‘enchufar’ a un amigo suyo como director, lo cierto es que la Banda mostraba una trayectoria administrativa de lo más dudosa, recibiendo subvenciones millonarias desde hacía muchísimos años mediante convenio. Además, pese a que la Ley de Subvenciones estipula que los convenios se concedan mediante contrato en el que se establezcan unas condiciones mínimas, la Banda tenía en su haber una infinita colección de irregularidades: de hecho, su convenio no era más que un papel en el que había poco más que un calendario de actuaciones. Con el tiempo, la Banda parecía haberse convertido en un colectivo al que no convenía enfadar, debido a su tradicional amistad con el Ayuntamiento. Lydia Reyero se enfrentó a ella y perdió: el Ayuntamiento no sólo la apartó de ese asunto, sino que además los duros ataques constituyeron varias de las semillas que con el tiempo desembocaron en su dimisión como concejala.
No es el único ejemplo de actuaciones dudosas y de colectivos tradicionalmente bien tratados por el Ayuntamiento: la asociación de cofradías de Semana Santa de Ciudad Real también ha gozado de un trato aparentemente favorable por parte del Consistorio. La asociación no sólo recibe anualmente una copiosa cantidad de dinero vía convenio, sino que en diversas ocasiones ha ejercido su poder de influencia incluso para cambiar disposiciones legales. En verano de 2009, Ciudad Real se hacía famosa en toda España por su Ordenanza de Movilidad, que, entre otras cosas, prohibía correr o saltar por las calles, so pena de multas de 75 euros. Lo cierto es que esta Ordenanza, pese a lo absurdo de su contenido, no era nada novedosa, ya que durante los años se había dedicado a conservar un texto básico y unas normas que estaban vigentes desde los años 30 del siglo pasado. Una de las normas que más polémica levantó fue la prohibición de arrojar cera a la calzada en las procesiones de Semana Santa, lo cual provocó la ira de las cofradías. No obstante, y pese a la antigüedad de la norma, las cofradías consiguieron cargarse esa disposición en un tiempo record y demostrando peores formas que otros colectivos más respetuosos que, sin embargo, apenas consiguieron nada.
Mazantini: una asociación presidida por un ex concejal y tradicionalmente bien tratada por las instituciones
El ex presidente del Círculo de Bellas Artes, Alberto Muñoz, nos recuerda el caso de otro colectivo bien tratado por el Ayuntamiento: la asociación de coros y danzas Mazantini, que, por cierto, está presidida por Rafael Romero, antiguo concejal de Cultura: “Mazantini tiene una asignación presupuestaria anual de algo más de 3.000 euros. A ellos se suman los 45.000 euros que recibe anualmente para el Festival Internacional de Folklore. El importe anual recibido por este colectivo supone el 16,6% del presupuesto destinado por la Concejalía de Cultura a subvenciones, mientras que el importe destinado de forma general para asociaciones culturales representa el 14,6%”. Estos hechos le plantean a Alberto Muñoz varias dudas: “¿Es sensato y justo que un solo colectivo reciba al año más de lo que en su conjunto se destina de forma generalista a asociaciones culturales? Justo o injusto, este hecho condiciona claramente las oportunidades del resto de iniciativas. ¿Tiene algo que ver esta realidad con el hecho de que el presidente de esta asociación haya sido concejal del Ayuntamiento (de Cultura, Festejos, y Turismo) durante décadas?”
No es cuestión de agravios comparativos, sino de igualdad de oportunidades: “Nadie niega la contribución de Mazantini a la cultura popular y tradicional de Ciudad Real; sin embargo, es cierto también que el trato preferente hacia este tipo de colectivos va en menoscabo de la igualdad de oportunidades que tienen otras iniciativas culturales con menos arraigo, pero probablemente con el mismo o mayor interés. El argumento para justificar la generosa ayuda a Mazantini es que gracias a ella Ciudad Real disfruta de un magnífico Festival de Folklore. Sí, pero ¿cuántas otras iniciativas culturales se frustran por no disponer del necesario apoyo e impulso iniciales?”
“En Ciudad Real no se ha hecho una revisión del modelo cultural vigente. Un modelo obsoleto, fosilizado y anclado en el pasado”, asegura, a la vez que recuerda que toda actuación institucional ha de estar enmarcada dentro de una adecuada planificación: “No hay que olvidar que una Administración no es una Obra Social a la que se acude para recibir apoyo económico. Las ayudas públicas deberían estar justificadas en base a un Plan Local de Cultura. Las asociaciones y empresas están en su legítimo derecho a la hora de pedir ayuda pública para sus proyectos, pero es la Administración quien tiene la obligación de ordenar esas ayudas en aras del interés general, de acuerdo con una política cultural estructurada y coherente. No puede ser que los derechos culturales de todos se conviertan en privilegios culturales de unos cuantos, simplemente porque éstos tienen más avidez, desparpajo o accesibilidad a la hora de entrar en los despachos públicos para defender sus proyectos particulares”.
Éstos son sólo algunos casos concretos, pero hay muchos más. Como vemos, ni siquiera los convenios parecen tener un criterio claro, ya que a veces se dan para la realización de proyectos concretos, pero en muchas otras ocasiones los convenios se han usado para dar a determinados colectivos una cantidad fija anual con la que hacer frente a sus gastos, sin mencionarse ningún tipo de actividad concreta.
Al igual que pasa con los medios de comunicación, estas prácticas subvencionadoras no son exclusivas de una sola institución. La Diputación y la Junta también firman cada año multitud de convenios con una serie de colectivos culturales que repiten año tras año. El criterio de los convenios sigue siendo igualmente arbitrario, aunque al menos estas dos instituciones sí que convocan aparte las subvenciones de recurrencia competitiva, con lo que parecen ajustarse más a la Ley de Subvenciones.
“Contratos de lealtad y entidades agradecidas”
Pero, ¿por qué ciertos colectivos parecen tener tanto poder? ¿A qué se debe este aparente trato de favor? Desde el Círculo de Bellas Artes de Ciudad Real siempre se ha luchado contra este tipo de prácticas y se ha criticado duramente que los convenios y las subvenciones nominales sean la norma, en perjuicio de la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva. ¿Qué hay detrás de este tipo de acuerdos? Alberto Muñoz tiene su propia opinión: “Acudiendo a la observación, creo que los convenios representan de alguna forma contratos de lealtad, generando en muchos casos estructuras clientelistas. Cada partido político gobernante mantiene su cuota de entidades agradecidas con la convicción de que ello se traducirá en un rédito electoral posterior. En vez de política cultural estructurada y coherente, parece existir una política electoral que se ceba en lo cultural para obtener frutos. La cultura se presta para desplegar un discurso grandilocuente y populista, lleno de palabras vacías, donde más que buscar el desarrollo cultural de la sociedad se persigue mantener entretenida a la población. Pero el potencial de la cultura para generar ciudadanos críticos y con mayor libertad intelectual y emocional no puede hacerse efectivo a través de administraciones que sólo pretenden ciudadanos sumisos y agradecidos”.
¿Con quién firmamos un convenio?
En la mayoría de los casos, los convenios son firmados con colectivos o proyectos ya consolidados, un hecho que abre el debate de quién tiene que ser subvencionado, si el consolidado o el incipiente: “Un convenio es una medida de fomento más sólida que, por tanto, pone de manifiesto la confianza en el proyecto y en quien lo promueve. Ahora bien, fomentar y promover iniciativas consolidadas no puede ir en detrimento de quienes quieren y no pueden comenzar las suyas. No es coherente que una medida de fomento beneficie a unos a la vez que desincentiva a otros. Fomentar, vía subvenciones, no significa hacer que un proyecto y un colectivo sean permanentemente dependientes de la ayuda pública. También se fomenta procurando, por otras vías, la autonomía de ese proyecto. Pero sobre todo es necesario fomentar los proyectos pequeños. Aquellos que no tienen un respaldo popular multitudinario, pero que aportan diversidad cultural, enriqueciendo culturalmente a la sociedad en la que se desarrollan. Confianza en la veteranía, sí. Pero también, y sobre todo, confianza y apoyo a proyectos pequeños, sencillos y comprometidos”.
Los políticos, en defensa de los convenios
Este tipo de prácticas, que benefician claramente a una serie de colectivos, son defendidos a ultranza por la mayoría de los políticos que las llevan a cabo. El 7 de mayo de 2008, El Día de Ciudad Real publicaba una entrevista a tres bandas con Lydia Reyero, por aquel entonces concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Ángel Caballero, diputado provincial de cultura, y Ángel López, delegado cultural de la Junta en nuestra provincia. En esa entrevista, Ángel Caballero no sólo defendía el modelo de los convenios, sino que incluso consideraba que la concurrencia competitiva existía por la no posibilidad de firmar más convenios: “Nosotros tenemos registradas 1.500 asociaciones en la Diputación y no podemos firmar convenios con todas, tenemos que acudir a la concurrencia competitiva. Para firmar convenios tenemos que estar ante gente que tenga ya una trayectoria y un peso en la provincia, como los de Lazarillo, que organizan el Festival de Teatro Contemporáneo de Manzanares, o los de la Zarzuela”.
Lidia Reyero, que fue de las pocas personas que lucharon medianamente por erradicar este tipo de prácticas, también defendía los convenios en otra entrevista publicada por El Día el 24 de julio de ese mismo año: “Se trata de premiar la trayectoria de un colectivo cultural y que no tenga que pasar por la concurrencia competitiva para que su proyecto se financie”.
No obstante para Alberto Muñoz, los convenios perjudican de forma evidente a las subvenciones y a la concurrencia competitiva de todos los colectivos que quieran sacar adelante sus proyectos. “Lo perverso de los convenios está en la forma en la que se despliegan en muchas ocasiones. Con grandes dosis de ocultismo, pactos desconocidos, objetivos de política cultural imprecisos, criterios de evaluación desconocidos o inexistentes. Los convenios deberían ser siempre públicos y estar sometidos igualmente a régimen de concurrencia aunque sea sólo un colectivo quien pueda satisfacer las condiciones del proyecto que se va a subvencionar. Esta medida de publicidad informa a la sociedad y permite a otros colectivos concurrir a ella si lo estiman oportuno. Lo que no puede ser es que un convenio sea un pilar inexpugnable que condicione, por la limitación de presupuesto, las demás ayudas públicas. Tampoco es posible que el convenio pervierta el proyecto hasta hacerlo depender exclusivamente de la ayuda pública. Esta situación convierte el convenio, no ya en una medida de fomento, sino en una vía para que la Administración se apropie del proyecto. Los convenios no son un fin en sí mismos, sino un medio a través del que conseguir, en parte, los objetivos de una política cultural. Pero ocurre que las Administraciones carecen de planes y objetivos culturales, de manera que son los vínculos creados por estos convenios los que a la larga terminan definiendo y condicionando los objetivos culturales de la Administración, y no al contrario. Ésa es la dinámica que hay que superar”.
Sea como fuere, tanto en el ámbito de la cultura, en el de los medios de comunicación o en cualquier otro, lo cierto es que las subvenciones en nuestro país gozan de muy mala fama. Y esa mala fama no ha sido causada por el simple y mero hecho de conceder ayudas a unos u otros colectivos, sino por la arbitrariedad con que se premia a unos y no a otros, y por la dudosa relación establecida entre el subvencionador y el subvencionado.
