La lucha contra el déficit público está siendo la excusa perfecta para intentar desinflar el Estado del Bienestar, así como el foco de justicia social, igualdad y redistribución de la riqueza que suponen los servicios públicos. El resultado, buscado o no, es gastar menos en los servicios y abrir la puerta a las privatizaciones y al negocio con el dinero de todos, privatizar las ganancias y socializar las perdidas.
En los últimos meses, sobre todo tras conocer los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2010, hemos insistido en que era imposible seguir manteniendo los regalos fiscales de los últimos años a los que más ganan, ya sean sociedades o particulares y pretender mantener el sector público solo con deuda. Decíamos, en noviembre del 2009, que el Gobierno de Barreda estaba poniendo contra las cuerdas el mantenimiento de los servicios como sanidad, educación y servicios sociales porque recurría de forma exclusiva al sobreendeudamiento para mantenerlos.
“Pero esta política esconde una trampa, ¿se pueden mantener los servicios públicos, sanidad, educación y gasto social en base únicamente al sobreendeudamiento?. La respuesta es no. Más pronto que tarde nos atornillarán con el dogma del equilibrio presupuestario y el control del déficit………. No se pueden mantener los servios públicos solo con deuda y el futuro deterioro de la prestación de los servicios, así como su posterior privatización es un hecho a combatir hoy. No entiendo porque el gobierno de Barreda no afronta reforma fiscal alguna para dotar de fondos a las administraciones, ¿vale la misma política de contribución a las arcas públicas para los tiempos de bonanza económica y para los de crisis, paro y recesión?”. (Texto artículo publicado en el 2009.
Hoy el primer objetivo de los gobiernos es la lucha contra el déficit público y es un hecho evidente el deterioro y los recortes en servicios públicos, que están en cuestión las pensiones públicas como las conocemos en la actualidad, la educación pública, el empleo y la inversión pública, hablamos abiertamente del copago sanitario y de la privatización de las cajas de ahorro.
Si en otras comunidades autónomas, gobernadas por el PSOE( entre otras Extremadura y Andalucía), se dan pasos hacia una reforma fiscal progresiva y justa, ¿por qué en Castilla-La Mancha no? ¿ Que servidumbres debe cumplir un Gobierno, con una importante base de votos de izquierdas, para no afrontar medidas que garanticen una prestación adecuada de los servicios públicos?
El “inmovilismo fiscal” de Barreda para con los más ricos, la aplicación a rajatabla del “Decretazo social” y el apoyo a la lesiva reforma laboral, significan una alineación sin contemplaciones con la derecha en políticas económicas y fiscales(por esto se pelean poco en las Cortes) y demuestra que no se atreve con los poderosos, ni con las grandes fortunas, ni con la banca especuladora. En vez de reducir los gastos sociales, de empeorar los servicios públicos, de congelar pensiones se podrían aumentar los ingresos haciendo que pague más quien más tiene. Se está amparando a los ricos y atornillando a los más necesitados y lo peor, desde un gobierno que recibió el apoyo importante, ahora traicionado, de muchos ciudadanos que quieren políticas de izquierdas en Castilla-La Mancha.
