Como todo el mundo en Castilla La Mancha sabrá, el pasado jueves el parlamento regional aprobó una ley infame, una ley para la creación de una “empresa pública de gestión de infraestructuras aeroportuarias de Castilla La Mancha”.
La motivación de dicha ley, en una escueta introducción que evita mencionar la situación de intervención judicial del Aeropuerto de Ciudad Real, o que el Aeropuerto de Albacete ya es una empresa pública estatal, es la de aprovechar la importancia de los aeropuertos en el desarrollo del sector logístico regional, en el que habría que incluir a un nuevo aeropuerto en Toledo.
Sería esta “empresa pública” la destinataria de avales para operaciones de crédito, limitados este año hasta 140 millones de euros, importe que no estaría sujeto a la ley de Presupuestos de la Junta de Castilla La Mancha para el año 2.010, lo que añade aun más confusión, precisamente en un periodo de ajuste del gasto público, austeridad y de imposición de recortes en salarios, pensiones y ayudas sociales.
No sabemos de dónde saldrá el dinero para esta empresa, salvo que se impongan nuevos recortes sociales, sobre todo cuando nuestra región ocupa lugares preocupantes en materia de rigor económico; es la tercera que más ha subido su endeudamiento público, hasta los casi 6.000 millones de euros, y la tercera en economía sumergida, superando el 23% de su PIB.
Con estos datos, esta operación es temeraria para las cuentas públicas, es una evidencia de la influencia y sometimiento del Gobierno regional y el PSOE a determinados intereses particulares, y se ponen las instituciones al servicio de alimentar una nueva burbuja especulativa; los aeropuertos.
Izquierda Unida considera necesaria la inmediata retirada de esta Ley, por insuficiencia presupuestaria, porque invadiría competencias del Estado, porque va contra el sentido común, y porque nos coloca en el ridículo institucional y político.
Para IU hay que dejar que la Administración Concursal del Aeropuerto de Ciudad Real, arroje luz sobre la verdadera situación financiera, patrimonial y de explotación del aeropuerto, y que exponga sus posibles planes de viabilidad.
La intervención pública solo sería admisible si la administración judicial lo recomendase como única posibilidad de recuperar los fondos públicos invertidos, siempre y cuando se hubieran resuelto las responsabilidades patrimoniales y económicas del equipo directivo que lo llevó a la suspensión de pagos.
Desde luego lo que sería una broma de mal gusto, es que esta Ley sirviera para que desembarcaran en la gestión de esta empresa pública, los mismos que provocaron el fiasco del Aeropuerto de Ciudad Real, y que tan buena sintonía tienen con el PSOE y Barreda.
Desde luego esta provincia no se priva de nada, nuestro particular “caso Watergate” entre el PSOE y PP de Bolaños de Calatrava, las recientes denuncias de EL PAIS sobre el urbanismo en Ciudad Real, y esta ley tramposa de amparo a los que han provocado el mayor pinchazo financiero de la historia de la región.
