Los dos grandes problemas que tiene planteados la sociedad española son el desempleo y la alta tasa de temporalidad de las personas que trabajan para otro. En esto no parece que haya muchas discrepancias. El desempleo masivo ha sido una constante en una gran parte del desarrollo capitalista. Tanto en los inicios de la revolución industrial, cuando no existía el derecho del trabajo, como con posterioridad, los empresarios han contado con el “ejercito industrial de reserva” que acentuaba el que el mercado de trabajo sea favorable a los compradores de la fuerza de trabajo. El drama de las dos guerras mundiales en el siglo XX y el ascenso de los fascismos (a lo que contribuyó el desempleo) extendieron en toda Europa la firme convicción de que eran necesarias grandes reformas sociales que, entre otras cosas, alterasen ese estado de cosas para hacer del mercado de trabajo uno favorable a los vendedores en el que se alcanzase el pleno empleo. No es una utopía, el pleno empleo fue una realidad que se consiguió con el desarrollo del Estado Social. En la España franquista, donde nunca hubo Estado Social, nunca se alcanzó el pleno empleo. Las mujeres apartadas del trabajo y los emigrantes eran la muestra palmaria. La recuperación de las libertades coincidió con una situación económica de crisis y de aumento del desempleo, por eso el constituyente de 1978, consciente de que las instituciones libres peligran cuando vuelve el desempleo masivo (Beveridge), impuso a los poderes públicos la obligación de orientar su política económica al pleno empleo.
A partir de finales de los años setenta del pasado siglo, en un tremendo “crescendo” que hoy aturde, desde distintas sedes internacionales reguladoras de los movimientos económicos (FMI, Banco Mundial y ahora Comisión Europea) y otros centros de creación de la doctrina neoliberal se ha difundido una idea que culpabiliza al derecho del trabajo por el aumento de desempleo. La experiencia española es ilustrativa. Las exposiciones de motivos de las leyes reformadoras del Estatuto de los Trabajadores que se han promulgado desde los años 80 del pasado siglo, justificaban la eliminación de la causalidad (a necesidades permanentes de las empresas contratos indefinidos, y a necesidades temporales contratos por tiempo determinado) en la situación de desempleo. Se suponía que las facilidades para la contratación temporal darían lugar a una reducción del desempleo. Otras muchas reformas flexibilizadotas se han hecho desde aquellos tiempos en materias tales como movilidad geográfica y funcional, jornada, salarios, también en despido. Todo ello ha hecho que los poderes de los empresarios frente a los trabajadores hayan aumentado considerablemente y, sin embargo, ya vemos que el desempleo no se ha reducido, solo se han cambiado contratos indefinidos por contratos temporales, con perniciosas consecuencias. Es mas, la situación más próxima al pleno empleo en España tuvo lugar cuando tras el acuerdo de los sindicatos y las asociaciones de empresarios en 1997 se volvió en nuestro derecho a la preferencia por el contrato indefinido y se recuperó la causalidad en la contratación, aunque la naturaleza de nuestra actividad productiva (gran desarrollo de la burbuja inmobiliaria residencial), además del fraude de ley y el abuso de la descentralización productiva no consintió la reducción significativa de la temporalidad y precariedad. De todo ello se puede sacar la conclusión de que la norma laboral tiene poca incidencia en la mayor o menor tasa de desempleo. Son otros factores los determinantes.
Pero ni de la historia, ni del derecho, ni de la sociología aprenden cosa alguna los economistas liberales de los grandes organismos económicos. Son muy desmemoriados. Un buen ejemplo lo ofreció el “seminario de alto nivel” que organizaron el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional en Madrid en este mes de mayo de 2010. La intervención de una representante del FMI, “experta” en el caso español, puede ser tomada como paradigmática. Colocó una serie de datos de distintos países ordenados en cuadros según ordenadas y abscisas, para llegar a extraer conclusiones “científicas” según las cuales el desempleo alto en España debido a la alta cobertura de la negociación colectiva, a su estructura, a su carácter normativo que hace muy difícil el uso de de las cláusulas opt-out, al exceso de protección del despido, a la generosidad de las prestaciones por desempleo y a las cotizaciones sobre salarios. Lo que llama la atención es que a partir de la mera acumulación de concretos datos estadísticos de distintos países, comparados sin otras conexiones, se atreviera a formular relaciones de causa-efecto. Algo que repugna al más elemental rigor. Un físico o un matemático siquiera lo tomaría en consideración, un científico social se escandaliza, porque la complejidad de las ciencias sociales obliga a una especial prudencia y las consecuencias pueden ser trágicas para mucha gente, porque, por supuesto, las conclusiones “científicas” de inmediato se convierten en las proposiciones normativas bien conocidas que se resumen en la palabra desregulación, que ya creíamos gastada. Según estos doctrinarios liberales, si se adoptasen sus recomendaciones (su amnesia les hace olvidar que ya hicieron esas mismas recomendaciones y se aplicaron en los 90 en Iberoamérica con desastrosas consecuencias) los empleos crecerían como las setas en un buen otoño. ¿Por qué? No aportan prueba científica. Hay que creer que así será, a pesar de las evidencias en contrario que aporta la Historia. O sea, después de tanta abscisa y ordenada todo se resuelve en una cuestión de fe, que como se sabe mueve montañas. Pero ya nos enseñó el gran Augusto Monterroso que cuando la gente era crédula la fe generaba mas problemas que resolvía, pues cada día las montañas, los ríos, las carreteras cambiaban de sitio, así es que la buena gente dejó de creer. Por eso cuando hay un terremoto, o un desprendimiento de tierras sobre una carretera es que alguien tuvo un atisbo de fe, que mas vale no tengamos en este caso a la vista de las consecuencias.
